La Comisión de Salud Pública, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha acordado ampliar el plazo de adaptación a los requisitos de capacitación de los profesionales que realizan actividades del programa de tratamiento en piscinas.
En consecuencia, se ha concedido un año adicional para que los trabajadores que desarrollan tareas de mantenimiento y tratamiento en piscinas públicas y privadas acrediten la formación exigida por la normativa estatal.
El acuerdo, aprobado el 10 de octubre de 2025, responde a las dificultades detectadas en la implantación de la oferta formativa necesaria y al riesgo de que numerosos profesionales y pequeñas instalaciones no pudieran cumplir con los plazos inicialmente previstos.
En este contexto, el refuerzo de los requisitos formativos en el mantenimiento de piscinas se enmarca en la estrategia del Gobierno para garantizar la seguridad sanitaria en las instalaciones acuáticas.
En los últimos años, varios episodios relacionados con el uso inadecuado de productos biocidas y la falta de control técnico han evidenciado la necesidad de profesionalizar este ámbito.
Por este motivo, en la última década se han aprobado diferentes normas orientadas a asegurar que el personal responsable del tratamiento del agua disponga de los conocimientos necesarios para prevenir riesgos microbiológicos y químicos y proteger la salud de los usuarios.
Una obligación derivada del Real Decreto 742/2013
La medida está vinculada a la disposición adicional tercera del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, que regula los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
Dicha disposición fue modificada por el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, que estableció la obligación de que el personal propio o externo encargado del programa de tratamiento del agua cuente, antes del 2 de enero de 2026, con la cualificación profesional SEA757_2 de Mantenimiento de piscinas y otras instalaciones acuáticas (aprobada por el RD 46/2022) o con un certificado de profesionalidad equivalente.
El nuevo acuerdo amplía ese plazo hasta principios de 2027, otorgando un año más a los trabajadores y empresas para acreditar su capacitación.
Dificultades y retrasos
Según la Comisión, la implantación de la formación presenta “importantes dificultades y retrasos”, lo que impide que muchos profesionales puedan obtener la acreditación a tiempo.
También advierte de que esta situación “puede afectar especialmente a pequeñas y medianas instalaciones, cuya viabilidad podría verse comprometida”, y recuerda “el papel social que cumplen muchas de ellas como refugios climáticos ante temperaturas extremas, ofreciendo espacios seguros y accesibles durante episodios de calor”.
Por ello, el Gobierno ha optado por establecer una prórroga excepcional y transitoria de un año para que el sector pueda adaptarse sin poner en riesgo la continuidad del servicio.
De obligado cumplimiento
Pese a la ampliación del período, sigue siendo de obligado cumplimiento que todo el personal dedicado al mantenimiento de piscinas disponga de una formación reconocida oficialmente.
Los profesionales podrán acreditar sus competencias mediante dos vías:
- Formación reglada o certificados de profesionalidad reconocidos por el Ministerio de Educación o las comunidades autónomas.
- Acreditación de competencias por experiencia laboral, a través de los procedimientos habilitados por las administraciones.
El certificado profesional SEA757_2, creado por el Real Decreto 46/2022, se está implantando progresivamente en la red de centros de formación y será el título de referencia para quienes trabajen en mantenimiento, tratamiento y control de piscinas en toda España.
Próximos pasos
En cualquier caso, la obligación legal se mantiene vigente. El objetivo es garantizar que quienes manipulan productos químicos y gestionan el tratamiento del agua de piscinas cuenten con la cualificación técnica necesaria para proteger la salud pública.
Durante los próximos meses, se espera que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas concreten el calendario de acreditaciones y publiquen las guías de procedimiento para los trabajadores que necesiten regularizar su situación.
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