AEESDAP reclama avanzar hacia un modelo de colaboración público-privada en el ámbito deportivo basado en pliegos con mayor visión estratégica, más certidumbre económica para los operadores y una relación más orientada al diálogo entre administraciones y empresas prestadoras de servicios deportivos.
Así lo defendió Eneko Macías, presidente de AEESDAP, durante su intervención en la mesa redonda El nuevo paradigma de la colaboración público-privada, celebrada ayer jueves, 7 de mayo, en el marco de SOMA Fitness & Wellness Show y moderada por el periodista de 2Playbook, Roger Requena.
En la sesión también participaron Adolfo Ruiz, presidente de FNEID; Carles Meilan, cofundador y presidente de CET10; August Tarragó, presidente de Adecaff, y Luis Cervera, director general de Deporte de la Comunidad Valenciana.
Pliegos menos centrados en el precio
Macías subrayó que los pliegos de contratación pública todavía presentan “mucho margen de mejora” y señaló que, durante años, el precio ha tenido un peso excesivo en muchos procesos de licitación. Según explicó, esta lógica ha dificultado que las empresas puedan comprometerse con aspectos como la calidad del servicio, la eficiencia energética u otros criterios de valor que no siempre se han incorporado con suficiente peso en las licitaciones.
Además, aseguró que los criterios de valoración de los pliegos determinan en buena medida la propuesta de valor de las empresas. En este sentido, advirtió de que, si no contemplan aspectos como la innovación, la eficiencia energética, la sostenibilidad o la orientación a la salud, y mantienen el precio como factor determinante, “difícilmente las empresas podremos comprometernos con estos objetivos, pese a que todas y todos entendemos que inciden en un mejor servicio a la ciudadanía”.
“Subastas, no”, insistió, antes de hacer hincapié en la necesidad de que cada administración identifique qué intereses estratégicos quiere alcanzar con una licitación y diseñe pliegos alineados con esos objetivos.
El deporte trasciende el contrato
Para AEESDAP, los contratos públicos deportivos no deberían limitarse a garantizar la continuidad de un servicio o el mantenimiento de una instalación. El debate, según defendió Macías, debe situarse en una reflexión más amplia sobre qué papel quieren dar los municipios al deporte y la actividad física dentro de sus políticas públicas.
En este sentido, advirtió de que la falta de una visión estratégica municipal dificulta tanto el diseño de los pliegos como el diálogo con los operadores. “No percibes qué necesidades tiene el municipio si no hay estrategia”, señaló, antes de recordar que el deporte y la actividad física trascienden el contrato y el edificio.
Más certidumbre para los operadores
Macías también apuntó a la necesidad de reforzar la formación y la seguridad técnica en las administraciones públicas a la hora de diseñar, gestionar y supervisar contratos deportivos complejos. Según explicó, en algunos casos la externalización de servicios se produce en un contexto de falta de recursos o de inseguridad técnica, lo que dificulta trasladar las necesidades sociales y políticas a marcos contractuales flexibles, ágiles y bien adaptados a la realidad del sector.
También se refirió a la situación de los contratos vencidos, prorrogados durante largos periodos o sometidos a desequilibrios económicos difíciles de resolver. Según expuso, estas situaciones no son casos aislados, sino una problemática recurrente que afecta a la viabilidad de los operadores.
“No podemos repercutir determinadas condiciones y eso pone en riesgo la viabilidad de los contratos”, señaló. Por ello, defendió la importancia de avanzar hacia mecanismos que aporten certidumbre económica, una adecuada actualización de precios y una vigencia contractual que permita recuperar las inversiones realizadas.
Finalmente, reiteró que la administración debe entender al operador privado como un socio estratégico y no como un mero ejecutor de tareas. “Te tienen que entender como partner, como operador y colaborador y no como una ETT”, apuntó.
Una visión compartida por el sector y la administración
La reflexión de Macías fue compartida, desde distintos enfoques, por el resto de participantes en la mesa. Luis Cervera, director general de Deporte de la Comunidad Valenciana, defendió que las administraciones deben escuchar al sector privado para orientar mejor sus políticas públicas y aseguró que sus propuestas serán tenidas en cuenta.
También apuntó que cualquier municipio debería contar con un plan director que permita definir sus prioridades deportivas y adaptar las soluciones a cada realidad local, dentro de un marco jurídico que, según recordó, condiciona de forma importante la gestión.
En una línea similar, Adolfo Ruiz, presidente de FNEID, puso el acento en la necesidad de hacer pedagogía ante las administraciones sobre el valor real del servicio deportivo. Recordó que la promoción de la práctica deportiva genera beneficios sociales, sanitarios y económicos, pero advirtió de que el sector ha transmitido durante demasiado tiempo la idea de que el deporte debe ser barato. “Si queremos pagar como corresponde con el convenio, es fundamental trasladar que esto no puede ser gratis, tiene valor y hay que pagarlo”, señaló.
Por su parte, Carles Meilan, cofundador y presidente de CET10, centró su intervención en la realidad cotidiana de la relación entre empresas y administraciones. En este sentido, señaló que la complejidad de los procesos, la disponibilidad de recursos y la prevención ante posibles conflictos jurídicos pueden condicionar la toma de decisiones y alargar determinados procedimientos. También planteó la conveniencia de reflexionar sobre por qué y para qué licita una administración, y sobre cómo construir objetivos compartidos entre el sector público y el privado.
En este contexto, August Tarragó, presidente de Adecaff, coincidió en que todavía queda mucho recorrido para situar la actividad física en el lugar que le corresponde dentro de las políticas públicas. Reclamó mayor ambición y coraje político para involucrar a todos los agentes, así como una visión técnica más sólida que permita conectar mejor las decisiones públicas con la realidad del sector.
Para AEESDAP, el reto pasa ahora por trasladar este diagnóstico a los pliegos y a las políticas públicas, con marcos de contratación más estratégicos, estables y orientados al valor social de la actividad física y el deporte.


