Vídeo: Openclass La Nueva Reforma Laboral

Openclass la nueva reforma laboral - sector deportivo

Recientemente, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) nos ha invitado a participar en la Openclass «La nueva Reforma Laboral en el sector deportivo desde una perspectiva pública y privada» para aportar nuestra visión al respecto como patronal de las empresas prestatarias de los servicios deportivos a las Administraciones Públicas.

Hemos abordado aspectos relacionados con importantes cambios que afectan al sector deportivo en la contratación, la prestación de servicios y el diseño de licitaciones.

Por parte de la asociación ha acudido el gerente, Yago Monteoliva. Además, la Openclass ha contado con la presencia  de José María Astolfi Pérez de Guzmán, abogado laboralista en ejercicio vinculado al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.

El evento ha sido moderado por Rosario Teva Guillén, coordinadora del Máster en Dirección y Gestión del Deporte de la UNIR.

Openclass: La nueva Reforma Laboral en el sector deportivo desde una perspectiva pública y privada

Openclass UNIR: Reforma Laboral

Como sabréis, el pasado 3 de febrero aprobaron la nueva reforma laboral en España con importantes cambios que afectan a nuestro sector, tanto en el ámbito privado como público en la contratación, la prestación de servicios y el diseño de licitaciones.

Es un tema importante que atañe a todo nuestro sector. Por eso, desde UNIR, con quien tenemos acuerdos de colaboración, queremos invitaros a la openclass que celebraremos el próximo lunes 21 de febrero a las 17:00 y donde también participaremos.

El evento será moderado por M. Rosario Teva Villén, coordinador del Máster en Dirección y Gestión del Deporte de la UNIR.

En el siguiente enlace podréis inscribiros de manera gratuita.

Principales conclusiones II Webinar Irregularidades en Licitaciones Deportivas

2 Webinar Detección de Irregularidades en Licitaciones Deportivas
El pasado viernes 11 de febrero tuvo lugar la segunda cita del ciclo divulgativo sobre detección de irregularidades en licitaciones que la Asociación de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (AEESDAP) ha organizado con el objetivo de ayudar a las empresas del sector a identificar aspectos contrarios a norma o que pueden suponer un riesgo a la hora de licitar.
 
Como ya pusimos de manifiesto con anterioridad, el incumplimiento o inobservancia de las distintas normas que rigen nuestras relaciones con las administraciones: Ley de Contratos Sector Publico (LCSP), Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), entre otras, supone en la mayoría de los casos un riesgo tanto para empresas como para administraciones.
 
Los aspectos mas destacados que fueron abordados en dicho webinar fueron:
  • Presentación de un ejemplo práctico real donde se conjugan algunos de los aspectos puestos de manifiesto en el primer webinar: incorrecta determinación de CPVerror en el desglose de presupuesto y falta de consideración de los servicios objeto del contrato como servicios especiales (error en la determinación de los criterios de adjudicación)
  • Aproximación al art. 63 de la LCSP. Documentación de obligada publicación en el perfil del contratante.
  • Aproximación al art. 116 de la LCSP. Justificación en el expediente de determinados aspectos esenciales de la licitación. Obligatoriedad y doctrina sobre su aplicación real. 
  • Justificación de la no división en lotes. Una obligación algo más que formal y aplicabilidad en los contratos.

En el siguiente vídeo puedes accede al webinar completo:

¿Qué es la garantía en los contratos del Sector Público? 

Garantías exigibles en los contratos del sector público

La Ley de contratos del Sector Público 9/2017 de 8 de noviembre aborda en su Título IV aspectos relacionados con las garantías exigibles en la contratación del Sector Público, diferenciando entre definitivas y provisionales, además de otras complementarias. 

Antes de pasar a definir cada una de ellas, vamos a ver porqué la Ley de Contratos dedica un apartado especial a las garantías. Como su nombre indica una garantía, aterrizando en los contratos públicos, es una especie de “protección” o “seguridad” en beneficio de la Administración en caso de que el empresario incurra en algún riesgo, es decir, si éste incumple alguna de las obligaciones que debe rendir ante la Administración.  

Básicamente, la Ley de Contratos del Sector Pública obliga a la Administración Pública a rendir cuentas (garantías) a los contratistas y la obligación de estos es prestarlas. 

Esto es así según la posición en la que se encuentre el empresario, ya sea como licitador o como empresario que ya ha celebrado el contrato con la Administración. En ambos casos existe el riesgo de que no se ejecute de manera satisfactoria el contrato. En definitiva, las garantías en la contratación pública están para que la Administración no incurra en riesgo ante un incumplimiento por parte del empresario. 

Garantías exigibles en la contratación pública

Garantía provisional

Podemos hablar de garantía provisional y de garantía definitiva. 

El artículo 106 de la LCSP condesa el contenido esencial de la garantía provisional que resumimos a continuación:

– No se exigirá la garantía provisional en el procedimiento de contratación salvo que lo solicite el órgano de contratación por razones de interés público y quede expresamente motivado en el expediente. Si este fuera el caso, se podrá exigir una garantía previa a los licitadores hasta la perfección del contrato. 

– En caso de que los órganos de contratación acuerden dicha garantía se deberá establecer su importe en los pliegos de cláusulas administrativas particulares sin superar el 3% del presupuesto base de licitación del contrato excluido el IVA y el régimen de su devolución.

– División en lotes: se fijará teniendo en cuenta el importe de los lotes de la oferta presentada por el licitador y no el importe del presupuesto total del contrato. 

– Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición: se exigirá, si fuera el caso, a tanto alzado por la Administración Pública y sin que supere el 3% del valor estimado del contrato. ¡Ojo! El valor estimado no es el precio de contrato. Según el art. 101 de la LCSP: “el valor estimado del contrato es el importe total pagadero, sin incluir el IVA, incluyendo cualquier opción eventual, las prórrogas y las modificaciones”. Básicamente es una estimación económica de todos los compromisos que derivan del contrato, se den o no se den. 

– Las garantías provisionales (cuando se reclamen) y sean en efectivo se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sucursales de las Delegaciones de Economía y Hacienda o en un establecimiento público equivalente de las CCAA o Entidades locales contratantes. Por otra parte, se efectuarán ante el órgano de contratación cuando hablemos de certificados de inmovilización de valores anotados, avales o certificados de seguro de caución (este tipo de seguro es una condición habitual en los contratos de suministro, ejecución o gestión de obra). 

– Dicha garantía se extinguirá de manera automática y se devolverá a los licitadores una vez quede perfeccionado el contrato. Asimismo, la garantía provisional será devuelta al licitador adjudicatorio del contrato una vez constituida la garantía definitiva y “pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva” 

Garantía definitiva

La garantía definitiva es la más usual y lo habitual es que se aporte. Existen dos casos en los que no es necesario presentar la garantía: contratos menores y procedimientos abiertos super-simplificado. Los art. 107 y siguientes de la LCSP determinan las características de la garantía definitiva.

¿Cuándo se presenta esta garantía definitiva? Cuando la mesa de contratación propone al licitador ser adjudicatario del contrato. Para ello, el adjudicatario necesita presentar la siguiente documentación: 

  • Acreditar la capacidad de obrar 
  • Acreditar la representación 
  • Acreditar solvencia económica y técnica 
  • Resguardo de haber depositado la garantía definitiva 

Se deberá poner a disposición del órgano de contratación una garantía del 5% del precio que hayamos ofertado sin IVA (no del presupuesto base de licitación) 

La garantía definitiva sirve para que se pueda formalizar el contrato y para “garantizar” aquellas penalizaciones que puedan imponer al adjudicatorio como consecuencia de una mala ejecución del contrato o por su no ejecución.  

Como hemos comentado al principio del artículo la garantía supone para la Administración Pública “un bien hacer de las cosas”, tanto en ejecución como en entrega en plazo. 

Una vez el adjudicatario haya acabado el trabajo o haya terminado el periodo de garantía establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas para el producto, servicio u obra se devolverá dicha garantía definitiva. Por supuesto, no es necesario que las pida el empresario porque es un acto de oficio, es decir, es la Administración quien las devuelve por iniciativa propia sin que las reclamen el adjudicatario.  

Principales conclusiones del webinar Detección de Irregularidades en Licitaciones

Webinar detección de irregularidades en licitaciones

La Asociación de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (AEESDAP) ha organizado recientemente el primer ciclo divulgativo sobre detección de irregularidades en licitaciones teniendo como referencia la Ley de Contratos del Sector Público en relación al sector deportivo, salvamento y socorrismo. En AEESDAP, estamos influenciado por todo el entorno normativa que rige la relación de las empresas de servicios deportivos a las Administraciones Públicas. Así, nos vemos obligados a tratar a diario con la Ley de Contratos Sector Publico (LCSP), Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP) y la Ley 2/2015 de Desindexación, entre otras normas nacionales y comunitarias. Este webinar, primero de una serie de 4 inicialmente previstos, ha servido para: 

  • Aclarar públicamente el objetivo del sistema de consultas/denuncias de licitaciones que AEESDAP desarrolla, poniendo de manifiesto su funcionamientotransparencia y protocolo de protección antes cualquier injerencia o interés particular.
  • Definición del marco regulatorio específico de los servicios deportivos y de salvamento y socorrismo dentro de la LCSPcomo servicios especiales del anexo IV, así como las principales consecuencias y consideraciones que deben ser tenidas en cuenta: es un sector intensivo en mano de obra; existe una regulación laboral compleja (concurrencia de convenios estatales / autonómicos / provinciales; al ser servicios especiales se deben licitar con mayoría de criterios cualitativos, procedimientos aplicables según el tipo de contrato..
  • Definición del CPV.  Problemática derivada de una mala definición del CPV del contrato en relación a la publicidad de las licitaciones y la acreditación de solvencia.
  • Presupuesto base de licitación. Principales aspectos que deben ser observados y publicados por el órgano de contratación en relación al establecimiento y desglose del presupuesto del contrato. Aspectos prácticos y recurribles.
  • Subrogación de trabajadores. Naturaleza del derecho a subrogación, obligaciones del órgano de contratación y de la empresa saliente. Problemática real y aspectos recurribles.

Aspectos fundamentales sobre la Ley de Contratos del Sector Público (parte I)

Aspectos fundamentales Ley de contratos del sector publico

Como asociación que defiende los intereses de las empresas de servicios deportivos a las Administraciones Públicas, la Ley 9/2007 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP es para nosotros nuestro “libro de cabecera”, junto a otras leyes y disposiciones reglamentarias que consultamos a diario.

Por eso, en el post de hoy queremos arrojar un poco más de luz sobre el trabajo que hacemos a diario desde la asociación así como aspectos fundamentales que tenemos en cuenta a la hora de revisar licitaciones deportivas y que se ajusten a norma.

Legislación básica de contratos del sector público

Podemos remontarnos al año 2007 para hablar de contratación pública. Por un lado, tenemos la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (disposición derogada) y por otro la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (disposición derogada).  

En el mismo año, sale la actual Ley 9/20007, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público incidiendo en aspectos sociales, medioambientales, de innovación y desarrollo. Con estos objetivos la Administración responde a las necesidades que la sociedad demanda. Sobre todo, busca favorecer el desarrollo económico de las PYMES, proteger los derechos de los trabajadores así como establecer obligaciones relativas a las condiciones de empleo y retribuciones. 

Ámbito subjetivo de aplicación

En cuanto al ámbito subjetivo de aplicación, el art. 3 hace referencia a aquellas entidades que integran el Sector Público, como son: Administración General del Estado, administraciones de las Comunidades Autónomas, administraciones de las ciudades de Ceuta y Melilla, Universidades Públicas, entidades de la Administración Local, Organismos Autónomos, Consorcios con personalidad jurídica propia, sociedades mercantiles cuya participación (directa o indirecta) sea superior a un 50% así como entidades públicas a las que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público, entre otras. 

Estas entidades responden a unos niveles de clasificación. En concreto, 3. De esta manera, la Administración Pública presenta el nivel 1; los Poderes Adjudicadores que no tienen la consideración de Administración Pública 2 y entidades del Sector Público que no tienen la consideración de Poderes Adjudicadores y presentan el nivel 3. 

¿Cuál es el objeto de la ley de contratos del Sector Público?

Si bien ya hemos mencionado antes algunas necesidades que la sociedad demanda, la LCSP no busca otro objetivo que regular la contratación del sector público y sentar las bases del régimen jurídico garantizando el cumplimiento y extinción de los contratos. Para ello, se apoya en los siguientes principios fundamentales: libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato entre licitadores e integridad. Sin olvidarnos, por supuesto, de la oferta con mejor relación calidad-precio en la prestación contractual. Además, de manera preceptiva, los contratos deberán incluir aspectos sociales y medioambientales. 

Tipos de contratos administrativos comunes

Según la LCSP, podemos encontrar hasta 6 tipos de contratos distintos: obras, concesión de obra, concesión de servicios, suministro, servicios y mixtos. 

Vamos a ir dando unas pinceladas breves sobre cada uno de ellos para entenderlo mejor.  

Contrato de obras - ley de contratos del sector publico

Contrato de obras: son aquellos destinados a ejecutar una obra, ya sea de manera aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o a realizar una obra acorde a los requisitos que establece la entidad del sector público y que tenga por objeto un bien inmueble. Asimismo, una obra puede ser también aquella que modifique la forma o sustancia del terreno o de su vuelo, o mejore el medio físico o natural. 

Concesión de obras: guarda estrecha relación con el anterior pero éste se refiere a la prestación por parte del concesionario, ya sea restauración, reparación conservación o mantenimiento de una construcción ya existente. Es importante mencionar que existe una contraprestación a favor del concesionario: derecho a explotar la obra o el derecho acompañado de percibir un precio. Este derecho de explotación comporta un riesgo operacional para el concesionario si no se garantizar la recuperación de la inversión ni los costes cubiertos, que puede ser a demanda o de suministros (de obras o servicios). 

Concesión de servicios: encontramos la figura de uno o varios poderes adjudicadores que encargan a título oneroso a una o varias personas (ya sean naturales o jurídicas) la gestión de un servicio e igualmente comporta un riesgo operacional. 

Suministros: hace referencia a la adquisición o arrendamiento de un bien mueble con o sin opción a compra. En este tipo de contratos, el empresario está obligado a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario. Como ejemplo, los sistemas de telecomunicaciones excepto los programas de ordenador a medida que serían servicios. 

Servicios:  son prestaciones que desarrollan una actividad encaminada a buscar un resultado distinto al de una obra y se hace de forma sucesiva y por precio unitario. 

Mixto: en este tipo de contratos, las prestaciones deben estar directamente vinculadas entre sí y guardar una relación de complementariedad. Buscan satisfacer una necesidad y conseguir un fin institucional propio de la entidad contratante a tenor del artículo 34 de la LCSP. Por ejemplo, un contrato mixto puede ser un contrato de suministros y de obras. Aplicado a nuestro sector podemos hablar de una instalación deportiva donde necesitamos un mantenimiento de césped artificial para un campo de fútbol. Así, tenemos un suministro de césped, una obra para retirar el césped anterior y un posterior mantenimiento anual de 4 años como un servicio. 

Es importante tener en cuenta el carácter de la prestación, es decir, si atiende a prestaciones de 2 ó más contratos de obras, suministros o servicios nos centramos en la prestación principal. Si por el contrario tenemos prestaciones de contratos de obras, suministros o servicios, por una parte, y contratos de concesión de obras o servicios por otra, debemos fijarnos en si las prestaciones se pueden separar o no. Si no se pueden separar atenderemos a la prestación principal mientras que si se pueden separar y se adjudica un contrato único aplicaremos las normas relativas a contratos de obras, suministros o servicios siempre que superen unas determinadas cuantías en cuanto a su valor. Además, si hablamos de una obra que supera los 50.000 euros habrá que hacer un proyecto y tramitarse según el artículo 231. Por el contrario, si nos enfrentamos a una concesión de obra o de servicios, necesitaremos, además, un estudio de viabilidad así como un anteproyecto de construcción. 

Contratos sujetos a regulación armonizada

Este tipo de contratos están sujetos a unas reglas especiales en cuanto a publicidad y elección del procedimiento. La LCSP los define en función de la entidad que los celebra, la cuantía y el objeto. ¿Cómo los podemos clasificar? 

  • Contratos de obras y servicios con un valor estimado igual o superior a 5.382.000 € 
  • Contratos de suministros con valor estimado igual o superior a 140.000 € (Estado) y 215.000 (Comunidades Autónomas) 
  • Contratos de servicios con valor estimado igual o superior a 140.000 € (Estado) y 215.000 (Comunidades Autónomas) y 750.000 € para servicios relacionados con servicios sociales, salud, cultura, religiosos, hostelería, correos, internacionales, entre otros. 

Asimismo, algunos contratos de obras y servicios subvencionados por poderes adjudicadores en más de un 50% de su importe estarán sujetos a regulación armonizada.  

Por el contrario, contratos relativos a la producción de programas que cubran servicios de comunicación audiovisual o relacionados con el sector de la defensa según el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o relacionados con medidas de seguridad especial, contratos de servicios jurídicos o explotación de redes públicas de comunicaciones, distribución de agua potable, entre otros, quedan excluidos de esta categoría.