Procedimientos de adjudicación de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)

Procedimientos de adjudicacion ley de contratos del sector publico

La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) se encarga de regular los procedimientos de adjudicación eliminando la arbitrariedad a la hora de seleccionar al profesional, empresario o empresa que ejecutará el contrato. 

Regular un procedimiento de adjudicación garantiza la libertad de acceso a las licitaciones, la igualdad de trato, profesionalidad y no discriminación, transparencia, publicidad así como la participación del mayor número posible de aspirantes. 

Pero, ¿qué es un procedimiento de adjudicación? 

El procedimiento de adjudicación implica un conjunto de trámites que debe seguir el órgano de contratación para la adjudicación del contrato público, es decir, los pasos que hay que seguir y cómo se debe hacer para la correcta adjudicación de un contrato público. En el expediente de contratación establecemos el procedimiento de adjudicación. 

Además, no debemos olvidarnos de los funcionarios públicos, las personas que se encargarán de decidir a quién se le adjudica el contrato (licitadores o contratistas) siguiendo las pautas que establece la Ley de Contratos del Sector Público.  

Tipos de procedimientos de adjudicación 

Según la LCSP, los contratos que se celebren por las Administraciones Públicas pueden adjudicarse mediante los siguientes procedimientos:  

1. Procedimientos ordinarios: son los procedimientos habituales. Podemos encontrar 2 tipos de procedimientos: abiertos o restringidos. 

Procedimiento abierto: en este tipo de procedimiento, la empresa o entidad interesada realiza una proposición (con la correspondiente lista de requisitos exigidos que fija el pliego de cláusulas administrativas particulares), quedando excluida la negociación de los términos del contrato con los licitadores (artículo 156 a 159 LCSP). Es el procedimiento más usado ya que abarca casi el 40% de la Contratación Pública. Asimismo, encontramos 2 subtipos: procedimiento abierto simplificado o procedimiento abierto supersimplificado.  

  • El procedimiento abierto simplificado se encarga de, como su nombre indica, simplificar los trámites administrativos. Este tipo de procedimiento se aplica a contrato de obras de hasta 2.000.000 € (en un plazo de 20 días naturales) y contratos de servicios o suministros de hasta 100.000 € (en un plazo de 15 días naturales). Se podrán adjudicar por este procedimiento los contratos que estén por debajo de este importe. Además, como licitadores debemos estar inscritos en el ROLECE (Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas). 
  • El procedimiento abierto supersimplificado se usa para eliminar, todavía más, la carga burocrática y acortar plazos. Los licitadores podrán usar este procedimiento para adjudicar contratos de obras de hasta 80.000 € y contratos de servicios o suministros de hasta 60.000 €. El plazo para presentar ofertas es muy reducido: 10 días hábiles. En el caso se tratarse de compras corrientes compras corrientes de bienes disponibles en el mercado tenemos 5 días. 

Procedimiento restringido: actualmente no se aplica mucho. En concreto, en 2020 se licitaron 0,5% de los contratos públicos por este procedimiento (menos de 1000 contratos). Aquí no existe la negociación; es la Administración quien elige a la empresa que puede participar en dicho procedimiento.  No obstante, dada que la convocatoria es pública, cualquier empresa que cumpla los requisitos (solvencia económica y técnica, entre otros) puede participar. La LCSP establece que es obligatorio que participen un mínimo de 5 empresas.  

2. Procedimientos no ordinarios: 

  • Procedimiento con negociación: este procedimiento tampoco es muy habitual. En el año 2020 menos de 26.000 contratos se licitaron mediante este procedimiento. En este caso, la administración invita a las empresas a participar una vez publicado el anuncio de licitación sin número mínimo de licitadores. Este tipo de procedimiento se puede elegir sin publicidad cuando la licitación haya quedado desierta en un procedimiento abierto o cuando existan circunstancias sobrevenidas excepcionales e imprevisibles. 
  • Procedimiento de diálogo competitivo: podemos decir que durante el 2020 se usó, aún menos, este procedimiento. En concreto, se licitaron 14 contratos. Lo suele usar la Administración cuando no tiene claro qué escoger y establece un diálogo o negociación con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, para llegar a una solución con el fin de poder presentar una oferta (artículos 172 a 176 LCSP). 
  • Procedimiento de asociación: es menos habitual y se utiliza cuando es necesario realizar actividades de I+D en obras, servicios y productos que sean adquiridos por la Administración con posterioridad. (artículos 177 a 182 LCSP) 

En AEESDAP trabajamos de manera conjunta con otras organizaciones para la defensa de los intereses del sector en lo que se refiere a la vigilancia en el cumplimiento de la Ley de Contratos en las licitaciones del sector deportivo. 

Para ello, contamos con un servicio de consulta y denuncia de licitaciones con objeto de realizar un seguimiento de aquellas licitaciones que presentan irregularidades o errores con el objetivo de alertar a los órganos de contratación y colaborar con ellos en la medida de lo posible.  

Repercusión del SMI en los contratos con las Administraciones

Salario Minimo Interprofesional-AEESDAP

Las subidas del salario mínimo interprofesional de 2019 y 2020 supusieron un auténtico avance en materia social y laboral. No obstante, la imposibilidad de repercutir dichos incrementos en los contratos con las administraciones rompió el equilibrio económico de una gran cantidad de contratos de servicios deportivos.

La resistencia/negativa del Gobierno a compensar de oficio a sus proveedores de servicios por los sobrecostes derivados de su decisión de subir el SMI, puesta de manifiesto a través de los informes administrativos de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (JC Exp 18/19 Efectos del incremento del salario mínimo interprofesional en los contratos públicos) y la Abogacía General del Estado (A.G. – ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 1/2019 (R- 33/19) de 1 de febrero), convirtieron en un calvario para muchos lo que debía ser una celebración para todos, además de suponer, en nuestra opinión, un enriquecimiento ilícito por parte de las administraciones.

A la hora de realizar un análisis del porqué de esta la situación es importante tener en cuenta algunos aspectos. En primer lugar, los servicios deportivos (incluidos los servicios de salvamento y socorrismo y los auxiliares que se realizan en instalaciones deportivas) son servicios intensivos en mano de obra, es decir, el componente principal de nuestra cuenta de resultados son los costes laborales que, dependiendo del contrato, superan ampliamente el 75/80% de la facturación. Así mismo y salvo algunas excepciones, la rentabilidad de los contratos de servicios deportivos con las administraciones rara vez sobrepasa un 5%. No somos un sector con grandes márgenes.

En segundo lugar, la subida del SMI de 2019 supuso un incremento del SMI del 22,3% sobre 2018, rompiendo cualquier tipo de previsión posible teniendo en cuenta las subidas de años anteriores: 2018 (4%), 2017 (8%), 2016 (1%), 2015 (0,5%). La subida del SMI de 2020 supuso un incremento del 5,6%, lo que se traduce en incremento acumulado 2018-2020 del 29,1%. Los efectos sobre la negociación y los convenios colectivos y en concreto sobre el entonces vigente IV Convenio Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios fueron muy relevantes, provocando importantes incrementos en los salarios en las principales categorías profesionales que forman nuestras plantillas: monitores, socorristas y personal de servicios auxiliares, incrementando los costes salariales en los contratos en casi un 16%.

Dada la negativa por parte de casi la totalidad de las administraciones a modificar el precio de los contratos en virtud de los pronunciamientos de la JC y de la AG, la imposibilidad de realizar revisiones de precios relativas a modificación en los costes laborales de los contratos (art. 103 LCSP – los contratos privados si pueden revisarse por voluntad entre las partes y los negocios privados pueden modificar sus precios al público o dejar de prestar los servicios), el carácter obligatorio de las prórrogas de los contratos (art.29 LCSP) y la imposibilidad de poder resolver los contratos sin el riesgo de imposición de sanciones, las empresas de servicios deportivos han visto como la rentabilidad de muchos de sus contratos y de sus empresas se han hundido por causas totalmente ajenas a su voluntad, sin posibilidad de haberlo previsto (ni siquiera las administraciones locales lo hicieron a la hora de presupuestar los contratos) y sin opciones de compensación por ningún lado.

Uno de los efectos colaterales directos de esta situación ha sido la dificultad agregada con la que muchas de las empresas de nuestro sector han tenido que enfrentarse a la crisis derivada del COVID, en condiciones mucho peores de lo previsto y sin margen para poder absorber el retraso en los pagos de indemnizaciones y reequilibrios por parte de las propias administraciones, incluido el descenso de la rentabilidad aparejada (las indemnizaciones solo cubren costes, y no siempre el 100%).

Desde AEESDAP hemos denunciado en multitud de foros el daño desproporcionado que se ha provocado al sector de las empresas que ofrecen servicios deportivos a las administraciones públicas (y a otros sectores afectados), estando siempre de acuerdo en que los trabajadores deben cobrar un salario digno y adecuado con las exigencias lanzadas desde Europa. Es por eso que a través de CEOE y CEPYME hemos presionado a las administraciones para poder repercutir las subidas de SMI en nuestros contratos, fruto de lo cual se obtuvo el compromiso de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de poder hacerlo cuando se negociaba la subida del SMI de principios de 2020.

Desde entonces nada se ha hecho desde el Gobierno y las empresas de este sector reciben con mucha incertidumbre y temor las noticias que anuncian nuevas subidas del SMI que, sin la posibilidad de poder ser repercutidas en los contratos y puesto que la administración no esta obligada a incluirlas en dichos presupuestos, pueden suponer “la puntilla” a un sector que tanto aporta a la sociedad y a la economía, y tan duramente castigado por la gestión de la crisis del COVID.

AEESDAP reivindica el importante papel que nuestro sector representa en la sociedad y exige cambios normativos que permitan repercutir dichas subidas en los contratos que las empresas mantienen con las administraciones públicas.

Asóciate y apóyanos en estas reivindicaciones. Trabajamos por el sector.

Radio Marca destaca la actividad del OESDAP

OESDAP

“La creación del OESDAP supone un paso más en nuestra estrategia de intentar apoyar y mejorar el sector del deporte”. Así presentaba el gerente del Observatorio Estatal de los Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (OESDAP), Yago Monteoliva, esta iniciativa en una reciente entrevista en el programa “Al Límite” de Radio Marca.

El OESDAP apuesta por aunar los esfuerzos de todos los agentes que participan en el sector del deporte. “Inicialmente, el Observatorio está formado por AEESDAP junto a los sindicatos CC.OO y UGT aunque queremos que poco a poco se sumen el mayor número de entidades sindicales y empresariales a nivel nacional”, señalaba Monteoliva.

Colaboración con las Administraciones Públicas

En la entrevista, el secretario del Observatorio ha insistido en la necesidad del trabajo conjunto y colaboración con las administraciones para mejorar el sector del deporte. “Trabajar con las Administraciones Públicas es complicado, pues vemos que con el actual marco jurídico, no les resulta fácil licitar servicios deportivos y concursos de calidad. Por ello, desde el Observatorio queremos colaborar con ellas y ayudarlas a que saquen buenos contratos pues, en definitiva, son servicios a la ciudadanía”.

Acuerdo OESDAP

El socorrismo no se subasta

El socorrismo no se subasta

Tal y como se puso de manifiesto la semana pasada, una de las novedades que vino aparejada con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) fue la configuración de una nueva categorización de los contratos en función de su objeto. De este modo surgen los denominados “servicios especiales” del Anexo IV, contratos que conllevan prestaciones directas a los ciudadanos (contratos a las personas).

Si se analizan la mayoría de las licitaciones de salvamento y socorrismo en playas, se puede comprobar que los códigos CPV más usados son:

63725000-7 Servicios de salvamento y puesta a flote
75241000-7 Servicios de seguridad pública
75252000-7 Servicios de rescate
85142000-6 Servicios paramédicos
92000000-1 Servicios de esparcimiento,  culturales y deportivos
92620000-3 Servicios relacionados con los   deportes
92332000-7 Servicios de playas

Si revisamos el listado de actividades que se incluyen dentro del Anexo IV, vemos como todos los códigos CPV listados, menos el primero, se encuentran dentro de los denominados “servicios especiales”. Asimismo, es importante apuntar que la nomenclatura CPV no es más que un sistema de identificación y categorización de todas las actividades económicas susceptibles de ser contratadas mediante licitación o concurso público en la Unión Europea. 

Los códigos CPV de un contrato deben ajustarse al objeto del contrato y, en caso de que no haya ningún concreto o específico o el contrato incluya actividades diversas que se correspondan con diversos códigos CPV, deberán incluirse todos los códigos que sea necesarios. 

“Se puede, desde luego, utilizar más de un código en los formularios normalizados destinados a la publicación de los anuncios de contratos públicos. Esto será necesario, por ejemplo, si no hay ningún código específico que resulte adecuado.” Resolución 145/2018, de 9 de mayo, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

Teniendo en cuenta que no existe un código CPV especifico de salvamento y socorrismo en playas y que estos contratos suelen incluir personal para los puestos de socorrista, enfermero, TES, patrón de embarcaciones... así como embarcaciones de salvamento, ambulancias, VIREstas licitaciones deberían contener cuanto menos 2 o 3 códigos CPV de los enunciados con anterioridad, por lo que todos los contratos de salvamento y socorrismo en playas deberían ser considerados contratos de servicios especiales.

Como ya se puso de manifiesto, dicha consideración tiene importante consecuencias a la hora de licitar estos servicios. La LCSP establece un régimen jurídico especial a través de los artículos 22.1.c), 29.4 y 6, 131.2 y 4, 134.6, 135.5, 145.3, DA 36 y DA 47. Las principales, a modo de resumen son:

  1. El umbral que determina la necesidad de licitar estos servicios por regulación armonizada se eleva: 750.000€ de valor estimado para los contratos de prestación de servicios (art. 22.1.c LCSP)
  2. Los contratos de concesión que tengan por objeto estos servicios deben llevarse a cabo por procedimiento restringido (art. 131 LCSP). La convocatoria de la licitación se realizará mediante el anuncio de información previa (art. 135.5 y Disp. Adic. 36 LCSP)
  3. Se exige que los criterios de adjudicación para estos servicios estén relacionados con la calidad al menos en un 51% (art. 145.4)
  4. Se impone al órgano de contratación el deber de velar en todas las fases del contrato por la calidad, continuidad, accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad y exhaustividad de los servicios (Disp. Adic. 47 LCSP)

Por tanto, no son legales las licitaciones de servicios de salvamento y socorrismo en playas solo a precio (100% criterio precio), ni siquiera aquellos donde el precio supone un 50% de la puntuación. Es más, no solo se deben tener en cuenta la ponderación del criterio precio, sino todos aquellos criterios que sean cuantitativos

Es importante establecer que no estamos hablando de diferenciar entre criterios valorables en cifras o porcentajes (automáticos) y criterios valorables en base a un juicio de valor. Estamos hablando de criterios económicos y criterios cualitativos. Resulta por ello fundamental la definición y justificación de los criterios de valoración para determinar si estamos ante un criterio económico o de calidad. Se consideran criterios de calidad aquellos relatos al valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad, el diseño, las características sociales y medioambientales, la organización, cualificación y experiencia del personal adscrito, el servicio de posventa y asistencia técnica, las mejoras (ojo, se debe justificar que son mejoras que repercuten en la calidad del servicio)…

AEESDAP vigila que las licitaciones de salvamento y socorrismo se ajustan a norma y denuncia todas aquellas que no cumplen con estos preceptos. La seguridad de las playas no se subasta y AEESDAP trabaja para que esto se cumpla.

¿Nos ayudas?

 

El deporte no se subasta

Deporte no subasta licitacion

Una de las novedades que vino aparejada con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) fue la configuración de una nueva categorización de los contratos en función de su objeto. De este modo surgen los denominados “servicios especiales” del Anexo IV, contratos que conllevan prestaciones directas a los ciudadanos (contratos a las personas). Esta especialidad deriva del Derecho de la Unión Europea. La Directiva 2014/24/UE de contratación pública, prevé que exista un régimen especial de servicios dirigidos a los ciudadanos y habilita un tratamiento especial.

El Anexo IV de la LCSP es un documento que incluye una relación de actividades ordenadas en base a códigos CPV. El concepto CPV (del inglés, Common Procurement Vocabulary, Vocabulario Común de Contratación Pública) es un término que sirve para identificar y clasificar las diferentes actividades económicas susceptibles “de ser contratadas mediante licitación o concurso público en la Unión Europea”.

Códigos CPV para servicios deportivos

Los servicios relacionados con los deportes se corresponden normalmente con los siguientes códigos CPV:

92600000-7 Servicios deportivos
92610000-0 Servicios de explotación de instalaciones deportivas
92620000-3 Servicios relacionados con los deportes
92621000-0 Servicios de promoción de espectáculos deportivos
92622000-7 Servicios de organización de espectáculos deportivos

Si revisamos el listado de actividades que se incluyen dentro del Anexo IV, vemos cómo dentro del apartado de “Servicios administrativos, sociales, educativos, sanitarios y culturales” se incluyen los códigos de 92360000-2 al 9270000-8, es decir, todos los CPV relativos a actividades deportivas. No hay lugar a dudas, el deporte es un “servicio especial”.

Dicha consideración tiene importante consecuencias a la hora de licitar estos servicios. La LCSP establece un régimen jurídico especial a través de los artículos 22.1.c), 29.4 y 6, 131.2 y 4, 134.6, 135.5, 145.3, DA 36 y DA 47. Las principales, a modo de resumen son:

    1. El umbral que determina la necesidad de licitar estos servicios por regulación armonizada se eleva: 750.000€ de valor estimado para los contratos de prestación de servicios (art. 22.1.c LCSP)
    2. Los contratos de concesión que tengan por objeto estos servicios deben llevarse a cabo por procedimiento restringido (art. 131 LCSP). La convocatoria de la licitación se realizará mediante el anuncio de información previa (art. 135.5 y Disp. Adic. 36 LCSP)
    3. Se exige que los criterios de adjudicación para estos servicios estén relacionados con la calidad al menos en un 51% (art. 145.4)
    4. Se impone al órgano de contratación el deber de velar en todas las fases del contrato por la calidad, continuidad, accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad y exhaustividad de los servicios (Disp. Adic. 47 LCSP)

Por tanto, no son legales las licitaciones de servicios deportivos solo a precio (100% criterio precio), ni siquiera aquellos donde el precio supone un 50% de la puntuación.

Es más, no solo se deben tener en cuenta la ponderación del criterio precio, sino también todos aquellos criterios que sean cuantitativos. Es importante establecer que no estamos hablando de diferenciar entre criterios valorables en cifras o porcentajes (automáticos) y criterios valorables en base a un juicio de valor. Estamos hablando de criterios económicos (cuantitativos) y criterios cualitativos. Resulta por ello fundamental la definición y justificación de los criterios de valoración en los pliegos para determinar si estamos ante un criterio económico o de calidad.

Criterios de adjudicación cualitativos

Se consideran criterios de calidad aquellos relativos al valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad, el diseño, las características sociales y medioambientales, la organización, cualificación y experiencia del personal adscrito, el servicio de posventa y asistencia técnica, las mejoras (ojo, se debe justificar que son mejoras que repercuten en la calidad del servicio)…

En suma, los servicios deportivos son especiales según la LSCP. Por ello, AEESDAP vigila que las licitaciones se ajusten a norma y denuncia todas aquellas que no cumplen con estos preceptos. El deporte no se subasta y AEESDAP trabaja para que esto se cumpla.

Nace el Observatorio Estatal de los Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (OESDAP)

OESDAP

El Observatorio Estatal de los Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas, en adelante OESDAP, nace como respuesta a la necesidad de aunar esfuerzos para abordar los problemas actuales del sector deportivo y conseguir una mejor estructuración del mismo ante la sociedad y frente a terceros, valorando al tiempo su evolución y el cumplimiento de las normas por cada uno de los agentes participantes del mismo: administraciones, empresas y trabajadores/as.

Con los objetivos de llevar a cabo un análisis y seguimiento del sector deportivo en el ámbito público, impulsar cambios normativos, así como llevar a cabo todas aquellas acciones que puedan tener un impacto positivo en el mismo, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) representada por Cristina Bermejo Toro, Secretaria General del Sector de Medios de Comunicación, Artes, Cultural y Deporte y la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de Unión General de Trabajadores (FeSMC-UGT) con José María García González en representación, y la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (AEESDAP) con su presidente, Javier Blanco Rubio, han alcanzado un acuerdo para crear el Observatorio Estatal de los Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas.

El cometido del proyecto, según las 3 entidades, es dotar a las Administraciones Públicas, las empresas de servicios deportivos y a sus trabajadores/as de un órgano común de apoyo que genere información, analice y evalúe temas que afecten al sector, desarrolle propuestas que mejoren el ecosistema de los servicios deportivos en el ámbito de las administraciones públicas, así como llevar a cabo las acciones pertinentes para la consecución de dicho proyecto.

En palabras de Javier Blanco, “La creación del OESDAP supone un paso más hacia delante en nuestra estrategia de intentar apoyar y mejorar el sector. Este proyecto debía ser común a las principales organizaciones sindicales y estamos muy satisfechos y contentos de formar parte junto con ellos de este proyecto. Además, el OESDAP se propone contar con el apoyo de otras entidades representativas del sector con la que ya nos unen lazos como Asociación para la realización de proyectos y actividades que repercutan en una mejora real del sector: FAGDE, COLEF, AEDD, SEED, COSITAL…”.

Acuerdo OESDAP

Diálogo social y concertación colectiva en pro del sector del deporte

En los próximos días, FSC-CCOO, FeSMC-UGT y AEESDAP, se reunirán para abordar las principales preocupaciones del sector, analizar la situación, así como acometer “acciones consensuadas que permitan su adaptación a las necesidades presentes y futuras, abordando los problemas actuales que acucian al sector como apuesta decidida por su adecuada estructuración, funcionamiento y viabilidad futura”, explican de manera conjunta los representantes de las 3 entidades.

Este Observatorio nace con la vocación de analizar, evaluar y elaborar propuestas a administraciones, empresas, trabajadores y trabajadoras a través de charlas y ponencias, informes, publicaciones y guías, propuestas para modificar las leyes vigentes y acuerdos, convenios con Administraciones Públicas y otras organizaciones empresariales o de cualquier índole.

Según Cristina Bermejo, de FSC-CCOO, “el OESDAP supone una oportunidad única para monitorizar la relaciones laborales en el ámbito del deporte dentro del sector público y poder mejorarlas en su interrelación con la empresa privada, llevando a cabo acciones más allá del marco de la negociación colectiva”.

Defensa digna del sector deportivo

Con objeto de poder defender el sector deportivo, OESDAP plantea los siguientes objetivos:

– Análisis y evaluación actual de la situación actual y post Covid-19
– Impulso de cambios normativos que afecten directamente al sector: Ley de desindexación, la LCSP (subrogaciones, revisión de precios en base a SMI, cálculo de presupuestos base, prórrogas, seguimiento de contratos desde las AAPP)
– Estatuto de los trabajadores, sucesión empresarial Vs subrogación, prevalencia de convenios
– Mejora en los procesos de licitación mediante la correcta aplicación de los convenios colectivos, apoyo a la Administración a través de guías interpretativas de convenios y de buenas prácticas
– Vigilancia de malas prácticas por parte de cualquiera de los agentes del sector

José María García, de FeSMC-UGT, estima que la OESDAP debe suponer el impulso definitivo a la correcta regulación del sector deportivo tanto en las relaciones entre empresas como las de los trabajadores con las mismas y ambos poder interactuar con la Administración.

El funcionamiento del Observatorio será gestionado a través un órgano de Secretaría y por su responsable, el Secretario, cargo que inicialmente será desarrollado por Yago Monteoliva, actual gerente de AEESDAP.

Seas o no de AEESDAP, tenemos un plan para ti

Aeesdap licitaciones

AEESDAP existe gracias a sus asociados y sin su apoyo no habríamos podido hacer nada de lo que aquí se expone.

Desde su constitución en 2019 la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (AEESDAP) se ha centrado en defender y representar los intereses del sector de las empresas de servicios deportivos a las administraciones públicas, tanto prestatarias de servicios como concesionarias.

Hoy día, el deporte esta siendo más vapuleado que nunca y la crisis actual ha puesto de manifiesto nuevos problemas en nuestro modelo de negocio y en la propia relación con las administraciones. Por eso, AEESDAP lucha a diario por el desarrollo de un entorno justo, profesional y de calidad que ponga en valor el importante servicio que prestan las empresas de nuestro sector y sus trabajadores a las administraciones publicas y a la ciudadanía. Lo ratificamos: La actividad física es esencial y todavía más en tiempos de Covid-19.

DURANTE EL 2020 HEMOS INTERVENIDO EN CASI 70 CONCURSOS DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y SOCORRISMO EN PLAYAS

Uno de los servicios que brindamos con gala a nuestros asociados es la consulta y denuncia de licitaciones. A lo largo de todo el 2020 y previa consulta por parte de algún asociado, hemos velado por que las licitaciones se ajusten a norma. La mayoría de las actuaciones se han centrado en aspectos tales como: errores en el cálculo de los costes laborales, errores en el presupuesto, concursos-subasta con 100% de criterio precio o con criterios de valoración mal definidos o incorrectos, falta de información relativa a la subrogación de los trabajadores.

En AEESDAP nos hemos encargado de intentar convencer y ayudar a las administraciones cuando hemos detectado problemas en las licitaciones, así como de interponer recurso cuando no ha habido colaboración. Así, nos sentimos orgullosos de haber conseguido un 95% de éxito en nuestras actuaciones en este sentido.

SERVICIO DE CONSULTORÍA/ASESORÍA

A lo largo de todo 2020 hemos ayudado a nuestros asociados en materia de contratación pública y relaciones laborales a la hora de afrontar la gestión de los contratos que tienen con las administraciones públicas: gestión administrativa de los contratos (prórrogas, suspensiones, reclamaciones, indemnizaciones, modificaciones…) y gestión laboral de sus plantillas (gestión de ERTE, subrogaciones…).

Para ello, ponemos al servicio de nuestros asociados nuestro mejor equipo de expertos y asesores que atienden a diario consultas a través de teléfono y emails; ofrecemos información actualizada a través de nuestros boletines de noticias y cuando requieren asesoramiento en profundidad, los derivamos a expertos en la materia con los que tenemos relación.

 

CONTAMOS CON EL APOYO DE CEOE Y CEPYME

A comienzos del año 2020 formalizamos nuestra adhesión a CEOE y CEPYME como miembros asociados y de pleno derecho. Esta adhesión nos ha permitido ofrecer a nuestros asociados, información de actualidad y de interés, muchas veces de carácter confidencial y exclusiva, así como poner sobre la mesa de estas entidades sus principales preocupaciones, necesidades y propuestas que han sido derivadas a las principales instituciones.

COLABORACIÓN EN CLAVE DEPORTIVA

Nuestro propósito es defender el sector del deporte en general y el sector de los servicios deportivos ante las administraciones públicas generando riqueza, empleo y ofreciendo servicios a la ciudadanía.

Por ello, hemos establecido vínculos con algunos de los principales agentes de nuestro sector para que nos acompañen en nuestras reivindicaciones y proyectos:

  • La Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte en España (FAGDE) para participar en proyectos conjuntos de ámbito nacional e internacional y en acciones formativas, científicas y técnicas
  • Asociación Española de Derecho Deportivo (AEED) para contribuir al estudio e investigación en materia de Derecho Deportivo sobre los problemas de la actividad deportiva desde la perspectiva jurídica
  • La Sociedad Española de Economía del Deporte (SEED) para participar en acciones conjuntas que impliquen proyectos de carácter formativo, científico y técnico
  • Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) para que nuestros asociados puedan firmar acuerdos de manera directa con esta universidad en materia de alquiler de espacios o de acogida de alumnos en prácticas
  • Universidad Politécnica de Valencia mediante un acuerdo de apoyo donde avalamos y la metodología y formación diseñada por la Cátedra del Deporte de la UPV a la hora de certificar la reapertura de centros deportivos con el sello “Sport Covid 19 Free”
  • UGT y CCOO a través de la reciente creación del Observatorio Estatal de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (OESDAP), constituido con el objetivo de realizar un análisis y seguimiento de los principales asuntos que afecten al sector y formular propuestas que contribuyan eficazmente a su mejora

EN 2021 CONTAMOS CONTIGO

El pasado año, recordado por todos a nivel de pandemia, ha sido duro. Sin embargo, hemos podido remar contra viento y marea para que el sector deportivo no siguiera deflagrándose.

En este sentido, formamos parte de la Comisión negociadora del nuevo Convenio Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios junto a CCOO y UGT, FNEID y AECG, con el objetivo de alcanzar un acuerdo para un convenio colectivo que se adecue mejor a nuestra realidad de negocio. En este 2021, seguimos volcándonos de lleno en esta acción.

 

Asimismo, hemos tratado de estar presentes y presionar para temas tan relevantes e importantes para nuestro sector: repercusión de las subidas del SMI en los contratos, licitaciones más seguras,  mejor planteadas y que realmente den lugar a servicios deportivos de calidad en condiciones de verdadera competitividad entre empresas, supervisiones de contratos reales y efectivas… Nuestra prioridad este 2021 es seguir presionando a la administraciones en estos temas y, por otro lado, desarrollar todo tipo de documentos, guías e informes  con los que ayudar a las administraciones a mejorar las licitaciones, presionar para que el marco normativo sea más justo, así como vigilar y emprender las acciones que sean posibles ante incumplimientos normativos por parte de cualquiera de los agentes de este sector, tanto administraciones como empresas.

El impacto directo que tiene en la salud el deporte también beneficia a la economía española. Por ello, llevamos meses luchando para solicitar al Gobierno la consideración del deporte como actividad esencial, así como una reducción del IVA aplicable a la actividad deportiva o la aplicación de desgravaciones fiscales al gasto en deporte por parte de las familias. El deporte es parte de la solución frente a esta crisis sanitaria y frente a muchos problemas de salud, y está en juego la supervivencia de muchas empresas y profesionales que conforman parte del tejido productivo que se encarga de hacerlo llegar a la ciudadanía. Vamos a seguir luchando porque se reconozca su papel y su valor.

Otra de nuestras tareas para este 2021 pasa por conocer cómo se van a gestionar los fondos de la Unión Europea para la recuperación económica y, en la medida que nos sea posible, ayudar y colaborar con las empresas del sector a participar de ellos.

Nuestros recursos son limitados y te necesitamos para poder llegar más lejos y llevar a cabo todos estos proyectos.

Queremos ser tu portavoz y defender tus intereses

Aeesdap. Union fuerza

AEESDAP vigila de cerca los procesos de licitación y revisa alrededor de 70 expedientes de contratación en 2020

Licitaciones deportivas AEESDAP

La Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (AEESDAP) hace balance de su primer año de trabajo en materia de defensa de los intereses del sector en lo relativo a la vigilancia en el cumplimento de la Ley de Contratos en las licitaciones del sector deportivo.

Esta asociación, como patronal representativa del sector de los servicios deportivos a las administraciones públicas, puso en marcha a principios de marzo de 2020 un servicio de consulta y denuncia de licitaciones con el objeto de realizar un seguimiento de aquellas licitaciones que presentaran irregularidades o errores con el objeto de alertar a los organismos de contratación, colaborar con ellos en lo posible y, en caso de discrepancia, reclamar ante los tribunales dichos aspectos si fuese necesario.

69 expedientes de contratación revisados con una tasa de éxito cercana al 95%

La asociación comenzó con esta línea de actuación justo antes de la pandemia y durante el pasado año ha intervenido en casi 70 expedientes donde existían errores o irregularidades con resultados muy satisfactorios.

“Nuestro procedimiento se basa en intentar siempre colaborar con las administraciones desde el primer momento. Cuando recibimos una consulta por parte de algún asociado procedemos al estudio del caso en materia jurídica y, siempre que apreciamos aspectos que no se ajustan a norma, nos ponemos en contacto con el órgano de contratación para explicarles el problema aportándoles todos los razonamientos, cálculos y datos posibles para intentar solucionarlo si es posible, instándoles al desistimiento si no lo es, o llegando al recurso si hay discrepancia entre las partes”, aclara Yago Monteoliva, gerente de la asociación.

Desde la Asociación apuntan que, en la mayoría de los casos, las administraciones agradecen y toman en consideración las aportaciones que les envían y subsanan o desisten de los expedientes en función de lo permitido por ley. Solo han tenido que llegar al recurso en 14 casos, de los cuales 10 se resolvieron de manera favorable para la Asociación.

Falta de interpretación de convenios

La mayoría de las actuaciones que ha acometido AEESDAP se han centrado en aspectos como errores en el cálculo de los costes laborales, falta de desglose en el presupuesto, concursos/subasta con 100% de criterio precio, criterios mal definidos o falta de información relativa a la subrogación de los trabajadores.

“Podríamos agrupar la mayoría de los errores en dos grandes grupos: Errores en los cálculos de costes laborales, bien porque no han sabido interpretar los convenios/SMI o bien porque a la publicación de la licitación, los cálculos que hicieron en la tramitación del expediente ya no son válidos; y errores relacionados con la propia aplicación de la LCSP, muchas veces por desconocimiento o falta de actualización en el conocimiento de la normativa vigente”, añade Monteoliva.

Soporte y ayuda a la Administración

La vigilancia de los procesos de licitación es solo una parte de la estrategia de defensa de los intereses e intento de mejora del sector por parte de AEESDAP. La otra cara de la moneda se basa en apoyar a las administraciones a la hora de intentar redactar mejores pliegos, adaptados realmente a la realidad de los servicios y los intereses de los servicios municipales.

La redacción de pliegos constituye una etapa crítica para garantizar el éxito del contrato para ambas partes: administración, empresas y usuarios. Los pliegos son la ley. “Entre otros aspectos, es necesario una correcta estimación de los costes, unos pliegos que reflejen los aspectos que realmente necesitan las empresas para poder realizar sus ofertas con seguridad, así como unos criterios que realmente sirvan para valorar las mejoras ofertas (y no solo las más baratas)”, justifica Monteoliva.

Desde la asociación quieren tener una mano a la Administración porque son conscientes de que es una ardua tarea: “La administración necesita en muchos casos ayuda para esto, y entendemos que es responsabilidad de esta asociación ayudarles. En muy breve plazo vamos a comenzar un proyecto muy ambicioso, en colaboración con otras entidades de referencia, que facilite a las administraciones su trabajo y la comprensión de nuestro sector: guías interpretativas de convenios, fórmulas de valoración, criterios de valoración, contenidos para pliegos…”, explican desde AEESDAP

 

Licitaciones deportivas asociación AEESDAP

Hablemos de gasto público, ¿por qué es importante controlarlo?

control gasto publico

Los incrementos de costes injustificados o adjudicaciones poco transparentes son algunos ejemplos que nos hablan de mala praxis y nos advierten de la necesidad de controlar el gasto público.

Reducir costes, aumentar la transparencia y facilitar la rendición de cuentas frente a los ciudadanos es uno de los pilares de las Administraciones Públicas. Así lo justifica Juan Barberán, responsable del Departamento de Compras de la Corporación Pública Empresarial de Navarra: “Todo gasto tiene una trazabilidad, toda factura debe responder a un gasto, toda contratación tiene que estar justificada y aprobada por los distintos departamentos. Cualquier gasto tiene que pasar por el mismo ciclo, en el que se tienen que cumplir todos los parámetros para ser contabilizado dentro del sistema”.

Bien es sabido que en España no se recauda lo suficiente y tampoco se hace bien, de ahí que se gaste sobradamente. Según Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha): “En España gastamos alrededor de 50.000 millones de euros menos de que lo que gastan, en promedio, nuestros socios comunitarios”.

Sobra decir que nos encontramos en un momento difícil muy delicado a nivel económico provocado por la ya resabida crisis del coronavirus. En el momento que cayó la actividad económica se tomaron medidas para reactivar el empleo y los sectores más perjudicados, entre ellos, el que nos afecta a nosotros: el sector deportivo, que ha estado a merced del Gobierno desde la irrupción del Covid-19. 

Esta situación nos condujo a un déficit del 14% del PIB según el Banco de España, la AIReF, la Comisión Europea o la OCDE y estiman, además, un desequilibro en las cuentas públicas de “entre 5% y 8% en 2021”, según José María Rotellar. Y continúa: “lo peligroso de todo ello es la tentación de incremento de gasto público que tienen todas las administraciones al estar suspendido el cumplimiento de los objetivos de estabilidad”. 

Es muy legítimo que hasta lleguemos a preguntarnos si hay vacunas (suficientes) el Covid-19 debido a los recortes provocados por una Administración que tarda en responder y que se encuentra excesivamente burocratizada.

Recomendaciones controlar el gasto público en contratos públicos

La contratación pública es la piedra angular de la gobernanza estratégica y de la prestación de servicios. El hecho en sí del alto gasto que ya representa, una contratación pública bien coordinada y gestionada debe suponer un papel fundamental en pro de una mejora del sector público amén de ser garante de confianza de los ciudadanos. Un ecosistema eficaz de contratación pública redunda de manera positiva en la consecución de objetivos como la protección animal, innovación o medio ambiente así como el fomento y desarrollo de la pyme.

Teniendo en cuenta nuestro horizonte sobre contratación pública la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) establece las siguientes medidas a fin de garantizar y cumplir las diferentes etapas del proceso de contratación pública:

  • Favorecer un trato equitativo y aplicar el preciso y adecuado grado de transparencia en las distintas fases del ciclo de la contratación pública a los proveedores brindando la información necesaria sin distorsionar que ello sea causa de distorsión para la competencia
  • Garantizar el libre acceso a la información a través de Internet a todas las partes interesadas que participen en el proceso de contratación pública
  • Fomentar la transparencia del flujo de fondos públicos durante las diferentes etapas del ciclo de contratación pública con objeto de conocer las prioridades y requisitos y ejecutar las oportunas estrategias
  • Reivindicar que los distintos actores que participen (empleados del sector público) se rijan mediante principios de integridad o bajo códigos de conducta ya establecidos
  • Poner a disposición de la ciudadanía instrumentos que garanticen la integridad. Como ejemplo, los altos riesgos como fruto de la relación entre la Administración pública y el sector privado.
  • Formar al personal de contratación pública (tanto de la Administración pública como del sector privado) a fin de evitar en malas praxis (corrupción, fraude, falta de información, discriminación…)
  • Realizar el seguimiento interno con el objetivo de hacer cumplir las etapas de la contratación pública. La corrupción, por supuesto, queda ajena a toda esta práctica. Prima la integridad y transparencia por encima de todo

Hoy, más que nunca, y en el contexto actual que nos encontremos resulta de obligado cumplimiento que los ayuntamientos tomen medias necesarias de gestión con el deseo de garantizar la máxima viabilidad y transparencia de los servicios en pro de los ciudadanos al tiempo que controlan los gastos.

«La contratación pública se configura como un instrumento de consecución de las políticas públicas», Marta Alba.

Contratación pública

Recientemente nos hemos reunido en la asociación con Marta Alba Pacheco, Licenciada en Derecho, especializada en Derecho Público, por la Universidad de Sevilla, cuyo expertise es la contratación pública.

Pregunta AEESDAP: ¿Cuál es tu perfil profesional?  Marta Alba Pacheco - contratacion publica

Respuesta Marta: Estudié Derecho en la Universidad de Sevilla. Tras realizar estudios de postgrado, empecé mi carrera profesional en Garrigues, en el Departamento de Derecho Administrativo, donde estuve cuatro años ejerciendo como abogada. 

Posteriormente, ocupé el puesto de responsable de la Subdirección de Contratación Pública en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, inicialmente bajo el paraguas de la Dirección de Servicios Jurídicos y, posteriormente, bajo la Secretaría General de la entidad.  

Tras más de siete años dedicada a la contratación pública en el sector público, en abril de 2018, cambié el rumbo de mi carrera profesional y me uní a una empresa multinacional farmacéutica donde ocupo el puesto de responsable del área de contratación en España y Portugal.  

P A: ¿Por qué es importante la contratación pública?  

R M: Se calcula que la contratación pública representa entre un 10% y un 20 % del producto interior bruto. Esto tiene una innegable incidencia en la gestión de los servicios públicos, repercutiendo en una correcta gestión de los contratos públicos no solo en el sostenimiento de las cuentas públicas sino también en el ofrecimiento de servicios públicos de mejor calidad.  

Como se señala en la Ley de Contratos del Sector Público, la contratación se configura como un instrumento para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y es por ello por lo que se introducen aspectos sociales, medioambientales y de innovación, convirtiendo la contratación pública en contratación estratégica y en un instrumento de consecución de las políticas públicas.  

P A: ¿Qué impacto ha tenido la irrupción del Covid-19 en la contratación pública?  

R M: Desde mi punto de vista, la paralización de los trámites administrativos no guardaba razón de ser en un entorno en el que la Administración electrónica debía de ser una realidad. Debía de haberse efectuado un análisis de los procedimientos y haber decidido la paralización en aquellos en los que se salvaguardase el derecho de los ciudadanos por no tener acceso a trámites electrónicos.  

Pero, en el ámbito de la contratación pública, con la obligación de tramitar electrónicamente los procedimientos desde hace ya un tiempo, dicha paralización ha puesto en jaque toda la gestión contractual del año 2020 dando al traste con la planificación que se había realizado no solo desde el ámbito del sector público sino igualmente desde el sector privado. Además, no cabe duda de que la ejecución de determinados contratos se ha visto afectada por la propia pandemia, suponiendo un reto su propia realización y debiendo adaptarse en costes, plazos, etc.  

P A: Uno de los problemas habituales de pymes y autónomos cuando quieren acceder a concursos públicos es que se topan con mucha burocracia unida a extensos pliegos de condiciones no muy claros. ¿Cómo se podría solventar esta situación?  

R M: La contratación pública debe profesionalizarse y dicha profesionalización debe darse en una doble dirección, tanto desde el punto de vista de los operadores públicos como desde el lado de los empresarios. El conocimiento de la contratación pública favorece a ambos partícipes de forma que se obtienen ofertas con mejor relación calidad precio y se satisfacen de una mejor manera las necesidades públicas a cubrir.  

Ello no obsta a que debamos simplificar, simplificar los documentos contractuales que, en algunas ocasiones, son auténticos rompecabezas, y que dificultan la presentación de ofertas y proposiciones que satisfagan la necesidad que el órgano público persigue.  

Creo que se pueden adoptar medidas de agilización y simplificación. Como ejemplo, pueden citarse algunas tales como (i) la aprobación de un pliego tipo de cláusulas administrativas particulares por procedimiento y tipo de contrato, que se mantenga publicado en el perfil de contratante, publicándose solo los anexos con las especificaciones de dicho contrato junto con el Pliego de Prescripciones Técnicas; (ii) la redefinición de los supuestos de baja temeraria e incluso la eliminación de la figura para determinados tipos contractuales poco complejos; (iii) la simplificación de la documentación a presentar, en el sentido de que, si en el sobre número 1 se ha de presentar únicamente una declaración responsable, por qué no introducir dicha declaración en el sobre número 2 y agilizar los trámites; etc.  

P A: Otro de los problemas que evitan que las pymes se adentren a licitar es que, en muchas ocasiones, las administraciones no pagan a tiempo, superando en muchas ocasiones el límite legal establecido de los 60 días para el pago de facturas. ¿De qué manera llegan a un acuerdo administración y empresa privada?  

R M: No olvidemos que el plazo de pago establecido en la Ley de Contratos es de 30 días desde la aprobación de los documentos que acrediten la efectiva realización del contrato.  Siendo conocedora de la problemática existente, la propia norma contempla herramientas para exigir el pago en plazo. Así, el artículo 199 señala el procedimiento para hacer efectiva la deuda y siempre se reconoce el derecho del contratista a percibir los intereses de demora. Incluso se prevé que en caso de impago se pueda solicitar dicho abono por vía de medidas cautelares en un eventual recurso contencioso administrativo.  

P A: Revisiones de precios en los contratos. Teniendo en cuenta que a la hora de hacer el presupuesto de un contrato, los órganos de contratación deben tener en cuenta los costes salariales del momento (SMI vigente, tablas del convenio vigente) así como las actualizaciones ciertas que existan a la hora de preparar la licitación (si el convenio incluye revisión de las tablas para años posteriores deben tenerse en cuenta), ¿Qué opinas de la posibilidad de poder repercutir los incrementos del SMI en los contrato intensivos en mano de obra? En los últimos años hemos vivido incrementos de SMI nunca vistos, no negociados (impuestos por el Gobierno) y que evidentemente nunca se han tenido en cuenta en los presupuestos.   

R M: Esta es una cuestión que ha sido debatida por extenso en foros profesionales. Así,  si bien es cierto que el Informe de la Junta Consultiva de Contratación del Estado del año 2019 ya se pronunciaba de manera negativa al reconocimiento de esta circunstancia como constitutiva de una causa de resarcimiento para el contratista afectado por el aumento del SMI en el contrato que gestiona, autores como José Manuel Martínez Fernández, se han pronunciado en sentido diferente para Administraciones Públicas distintas a la Administración General del Estado.  

Así, si bien no se plantea esta cuestión como posible causa de modificación del contrato, contempla la posibilidad de que el contratista renuncie al contrato sin indemnización en aquellos casos en los que el incremento de costes a soportar supere el 5% del valor de la cifra global de negocio.  

Es por tanto una cuestión que debe de analizarse caso a caso porque como bien señala el autor citado, es impracticable que se llegue a una situación de exigencia del cumplimiento del contrato a expensas de que el contratista incumpla los términos del mismo o se enfrente a una posible quiebra.  

P A: Cálculo del presupuesto del contrato – Inclusión del importe de subrogación. Cuando la LCSP habla de precio de mercado a la hora de establecer la manera de calcular el presupuesto de un contrato y en relación a los costes laborales, la ley y la doctrina de los tribunales ha establecido que deben tenerse en cuenta los costes según los convenios colectivos sectoriales de aplicación. Esto implica que en aquellos casos en los que hay subrogación de personal, el coste salarial de la subrogación no se tiene en cuenta…dando lugar a licitaciones donde el coste de la plantilla a subrogar es mayor que el presupuesto. Teniendo en cuenta que los propios pliegos pueden contener cláusulas/criterios de mejora salarial en las plantillas que provoquen un encarecimiento de los costes laborales, ¿Cómo puede ser que la subrogación no forme parte del presupuesto de licitación?  

R M: Es esta una cuestión que siempre suscitar debate y que es objeto de múltiples consultas a los órganos de contratación cuando publican licitaciones en las que la mano de obra es determinante y los gastos de subrogación tienen un especial impacto en el cálculo del importe de licitación.  

Pero la obligación que se establece en la Ley de Contratos del Sector Púbico es la de informar sobre la existencia de derecho de subrogación y sobre el coste de dicho derecho, una obligación que integra la de asegurarse de que dichos costes son ciertos y que efectivamente el personal incluido en el listado de subrogación es el que está asociado a la ejecución del contrato, debiendo requerir a la empresa saliente la acreditación de dicha circunstancia.  

No obstante, los Tribunales de Recursos Contractuales se han pronunciado sobre la inclusión de los costes de subrogación en el presupuesto de licitación (Resolución 179/2018 del Tribual Administrativo Central de Recursos Contractuales) y han manifestado que la inclusión de los costes de subrogación en el presupuesto de licitación determinaría dejar al arbitrio de la empresa saliente la fijación de los costes salariales repercutibles en futuros contratos y que no puede incluirse la totalidad de los costes de los trabajadores a subrogar.

P A: Seguimiento de los contratos es una herramienta fundamental: ahuyenta licitadores temerarios y aporta seguridad a las empresas salientes. Cuáles son los principales problemas que tienen los Aytos a la hora de realizarlo.  

R M: El seguimiento de los contratos en la fase de ejecución es un factor determinante para la efectiva consecución de las necesidades públicas cuya satisfacción se persigue. No tiene sentido alguno elaborar un Pliego de Prescripciones Técnicas perfecto, realizar un procedimiento de licitación modelo si, al final, en la fase de ejecución, no se va a cumplir lo contratado, poniendo en jaque todo el trabajo realizado.  

Efectivamente, se evita la participación de licitadores temerarios los cuales se verán desincentivados a la hora de presentar ofertas que no cumplen exactamente con los términos exigidos, a precios que no guardan relación con el mercado, etc.  

La Administración tiene que garantizar, mediante la vigilancia del efectivo cumplimiento del contrato, que el operador económico que ha sido contratado cumple con lo que ha ofertado en la fase de adjudicación porque por ello fue seleccionado sobre otros ofertantes. Es una garantía de cumplimiento de los principios rectores de la contratación pública que no deben dejarse de lado una vez adjudicado el contrato.