La Asociación Española de Empresas de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (AEESDAP) ha publicado el Informe Anual de Supervisión de la Contratación Pública de Servicios Deportivos (IASC-DEP) y el Informe de Conclusiones del Foro Permanente de Colaboración Público-Privada, dos herramientas estratégicas que permiten evaluar de forma sistemática cómo se licitan y gestionan los contratos de servicios y concesiones deportivas en España.
Los documentos, que se presentaron el pasado 20 de noviembre ante más de 80 profesionales del sector durante el Congreso Final del Foro CPP celebrado en Valencia, en el marco de SportCities 2025, reflejan una evolución positiva en materia de transparencia, configuración de criterios de adjudicación y concurrencia, aunque alertan de que persisten problemas estructurales que condicionan la calidad, eficiencia y seguridad jurídica de los contratos.
De este modo, el IASC-DEP se consolida como un estudio estadístico descriptivo de referencia cuyo objetivo es ofrecer una visión completa y actualizada de cómo las administraciones públicas licitan, año tras año, los contratos de prestación y concesión de servicios deportivos. Su periodicidad permite identificar tendencias, detectar desviaciones y aportar información clave para mejorar la forma en que se contrata en el sector. Asimismo, el proyecto contribuye a fortalecer la concurrencia y la seguridad jurídica, generando un entorno más atractivo para las empresas y favoreciendo la calidad de los servicios deportivos prestados a la ciudadanía.
Además, el informe sirve como eje metodológico de los encuentros del Foro Permanente de Colaboración Público-Privada en Servicios Deportivos, cuya segunda edición duplicó su alcance en fechas y sedes y culminó con el Congreso Final.
El sector necesita espacios estables de colaboración
“Los trece encuentros del Foro de Colaboración Público-Privada celebrados este año han demostrado que el sector necesita espacios estables donde administraciones y empresas puedan trabajar juntas con rigor y transparencia”, apunta Eneko Macías, presidente de AEESDAP. “Contar con herramientas como el análisis de lo licitado, ahora resignificado a través del IASC-DEP, es esencial para entender la evolución de la contratación pública deportiva”, añade.
«Vemos necesario impulsar nuevos estudios, reforzar la formación y seguir generando documentos de apoyo que ayuden tanto a la gestión pública como a la privada”, destaca, subrayando que “la participación de todos ha sido el mejor estímulo para continuar trabajando por un sector más sólido y mejor preparado”.
Los principales datos del IASC-DEP y del Foro CPP
A partir del análisis agregado de los datos del IASC-DEP y su comparación con el estudio elaborado en 2022, el informe identifica las siguientes conclusiones:
- La contratación en el sector deportivo es masivamente transparente en cuanto a procedimiento, con una predominancia absoluta de los contratos abiertos (93%) y restringidos (2%) frente a los negociados (5%). No obstante se detecta un incumplimiento constante en la elección del procedimiento respecto de los contratos de concesión (abierto (86%) en lugar de restringido (14%), si bien no se considera un problema a efectos de concurrencia/transparencia
- Hay una tendencia clara a usar el contrato de servicios (89%) frente al contrato de concesión de servicios (11%), percibiéndose este último con un contrato donde la aportación a la gestión del servicio por parte de las empresas es menor respecto de los contratos de concesión, si bien el grado de operatividad de las empresas no es un rasgo diferenciador de estos contratos (como si lo es el riesgo operacional). Existe un coste de oportunidad respecto al rendimiento de los contratos de servicios, donde es recomendable y deseado poder un alcance funcional mucho más amplio del que habitualmente se utiliza. Del mismo modo, se estima oportuno estudiar un cambio de enfoque en determinados contratos de concesión donde el riesgo es inasumible o donde la rentabilidad no resulta atractiva, planteándolos como contratos de servicios de prestaciones directas a la ciudadanía.
- Los criterios sujetos a juicio de valor, estratégicamente planteados y bien construidos, son un activo muy valioso a la hora de conseguir una rentabilidad adecuada de las licitaciones en términos cualitativos. Se constituyen como un elemento fundamental a la hora de permitir la aportación de valor y diferenciación por parte de las empresas. Cada vez se usan con mayor frecuencia (43% en 2024 frente al 38% en 2022) y con una ponderación importante y estable (37% de ponderación) en las licitaciones. En la misma línea, si bien persiste un problema en cuanto a la ponderación excesiva del criterio precio (48% de licitación con precio superior al 49%), la evolución es positiva (59% en 2022) y además, respecto de las fórmulas matemáticas que se emplean, la tendencia es a usar formulas poco agresivas (54% de las licitaciones usan la formula proporcional) que potencian aún mas el carácter cualitativo en las licitaciones. Existe un problema en cuanto a la configuración de los mecanismos de anormalidad en las licitaciones y una margen de mejora enorme. Un 21% de las licitaciones no establecen un procedimiento al respecto pese a ser obligatorio por norma, y del resto un 58% de las licitaciones recurren a lo establecido en el art. 85 del RGLCAP, mecanismo que no sirve en nuestro sector teniendo en cuenta como se construyen los presupuestos.
- Existe un problema de concurrencia en las licitaciones, teniendo en cuenta que un 5,5% de las mismas quedan desiertas y un 35,5% solo tienen un único licitador. Los datos suponen una importante mejoría respecto a los obtenidos en 2022 (9,82% y 45% respectivamente). Las principales causas son la infravaloración de los costes inherentes a los servicios o lo ajustado de los cálculos económicos, que no permiten ejecutar los contratos con una viabilidad/seguridad económica suficiente. No obstante, el número medio de licitadores mejora en 2024 (2,72 licitadores) respecto a 2022 (2,65), si bien el sector está por debajo de la media nacional (2,99). Además, hay que tener en cuenta que en un 39% de las licitaciones (46% en 2022) no se desglose el presupuesto base de licitación (obligatorio por norma), y los porcentajes medios de gastos generales y beneficio industrial se sitúan respectivamente en el 8,9% y el 6,7%, tendencia ligeramente al alza sobre los datos de 2022.
- La supervisión de los contratos por parte de las administraciones y la complejidad de los procesos de imposición de penalidades son un problema estructural que tiene efectos complejos: subsistencia de empresas que consiguen cuota de mercado con ofertas que no cubren costes y que luego no cumplen rigurosamente con ellas o con la normativa de aplicación, desafección de empresas que ven como determinadas malas prácticas son rentables a efectos de obtener licitaciones, descenso de la rentabilidad de los contratos y descenso en la calidad de los servicios públicos, merma en los derechos laborales de las plantillas y desmotivación de las áreas técnicas públicas. La división en lotes además se percibe como una cuestión que amplificadora del problema.
Conclusiones tras el foro
“Las conclusiones de este año refuerzan una idea clave: la mejora del sector solo es posible si existe continuidad en el Foro y un trabajo estable de todos los agentes implicados”, explica Yago Monteoliva, gerente de AEESDAP. “El IASC-DEP se ha consolidado como una herramienta fundamental para entender cómo evoluciona la contratación pública deportiva y dónde debemos poner el foco para avanzar”, destaca.
Monteoliva subraya también la necesidad de seguir ampliando el conocimiento disponible. “Sería conveniente desarrollar nuevos estudios que analicen otros aspectos cuantitativos y cualitativos del sector”, indica, poniendo énfasis en que “cuanta más información rigurosa tengamos, mejores decisiones podrán tomar tanto las administraciones como las empresas”.
Asimismo, recuerda el papel de la formación y de los recursos técnicos: “La colaboración en el diseño de herramientas y documentación de apoyo, junto con la formación continua tanto para el sector público como para el privado, es imprescindible para profesionalizar y mejorar la contratación”. Por último, confirma la disponibilidad y continuidad de los proyectos: “Tanto el IASC-DEP como el Informe de Conclusiones del Foro CPP están accesibles en la web de AEESDAP, y puedo confirmar que ambos continuarán en 2026”.
Resumen de las ponencias
Además del análisis cuantitativo del IASC-DEP, el Congreso Final del Foro CPP permitió profundizar en varias cuestiones jurídicas clave que condicionan la calidad y la seguridad de la contratación pública deportiva.
Con Judit Gómez Fugarolas, Álvaro González Pérez y José M.ª Cabrera Domínguez, la mesa Los contratos de servicios de prestaciones directas a la ciudadanía en el sector deportivo analizó el artículo 312 como una herramienta potencialmente útil, pero todavía infrautilizada y rodeada de dudas interpretativas. Los ponentes destacaron que el problema no reside en su lógica jurídica, que es clara, sino en su aplicación práctica: falta desarrollo normativo, criterios homogéneos y seguridad para su uso habitual. En la práctica, muchas entidades siguen recurriendo al artículo 17 por inercia, sin aprovechar las ventajas del 312 para reforzar derechos de usuarios o modelos mixtos de retribución. La mesa concluyó que se necesita una clarificación legal, formación específica y una lectura uniforme entre administraciones.
A continuación, con la participación de Nacho Martínez Vila (secretario del Ayuntamiento de Almassora) y Mariate Almela Sánchez-Lafuente (interventora del Ayuntamiento de Orihuela), la mesa Órdenes de continuidad en nuestro sector: régimen jurídico y práctica administrativa concluyó que la falta de planificación sigue siendo la principal causa de las órdenes de contimuidad de un contrato. Aunque la LCSP contempla herramientas como la prórroga forzosa o los contratos puente, existe un vacío real cuando el contrato expira sin nueva adjudicación. Los tribunales están evolucionando hacia una mayor protección del contratista, reconociendo responsabilidad contractual, pago de intereses de demora y compensación por costes reales cuando existe buena fe.
Finalmente, la ponencia La correcta elección del negocio jurídico: contrato, convenio o subvención, impartida por José M.ª Cabrera Domínguez, subrayó la importancia de distinguir correctamente la naturaleza de cada instrumento jurídico. El uso incorrecto, especialmente cuando se encubre un contrato como convenio o patrocinio, incrementa el riesgo de nulidad, reparos y responsabilidades. También alertó sobre el uso inadecuado del contrato de patrocinio deportivo y recordó que las instalaciones deportivas deben gestionarse siempre bajo la LCSP mediante concesión o contrato de servicios.
El Foro Final, en SportCities Valencia
El Acto Final del Foro se celebró en el marco de SportCities Expo and Summit, el encuentro profesional que, en su edición de lanzamiento en Valencia, reunió a más de 1.500 asistentes y se consolidó como el gran foro del ecosistema de instalaciones deportivas y urbanas en el sur de Europa.
La cita contó con amplia representación territorial: Comunidad Valenciana (58,53%), Comunidad de Madrid (10,80%), Cataluña (7,66%), y una notable presencia de técnicos municipales, operadores deportivos, responsables de urbanismo, gestores públicos y propietarios de gimnasios y centros deportivos. Cerca del 60% del público pertenecía al ámbito público, reforzando su carácter institucional.
El evento reunió a responsables municipales de casi 200 ayuntamientos de toda España y recibió un sólido respaldo institucional, con participación de la Generalitat Valenciana y la Junta de Castilla y León en su apertura oficial. SportCities celebrará su próxima edición el 21 y 22 de octubre de 2026 en Valladolid, alternando sede anual para garantizar una proyección integral en todo el territorio español.
