AEESDAP muestra su preocupación ante la negociación de los incrementos del SMI

Subida salario minimo interprofesional

Los empresarios de servicios deportivos a las Administraciones Públicas consideran fundamental para la supervivencia del sector poder repercutir las nuevas subidas en los contratos vigentes con las administraciones

La Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administración (AEESDAP) manifiesta su profunda preocupación por las posibles repercusiones derivadas de la negociación que se desarrolla en el seno de la Mesa de Diálogo Social en cuanto al incremento del SMI.

Este sector vive, como muchos otros, el momento más difícil al que se ha enfrentado desde su nacimiento producido por los estragos consecuencia de la pandemia y las decisiones asociadas a la misma. El cierre de las instalaciones deportivas durante el estado de alarma, las restricciones – algunas sin sentido- de aforo impuestas en las fases de desescalada, los problemas a la hora de reclamar indemnizaciones y reequilibrios y la demora en el reconocimiento y pago de las mismas, así como la falta de ayudas suficientes al sector, han afectado de manera negativa y puesto en riesgo la viabilidad de muchas empresas del sector, la mayoría de las cuales eran perfectamente solventes antes de la pandemia.

Las empresas que trabajamos en el ámbito deportivo, que en un porcentaje mayoritario pertenecemos al sector servicios – personas que trabajamos con personas -, tenemos claro que los trabajadores/as son la parte más importante en el funcionamiento de éste. Pensamos que dicho personal ha de ser consecuentemente reconocido y remunerado. 

En ese sentido AEESDAP está a favor de una mejora de las condiciones económicas y salariales del personal de nuestro sector, pero no de cualquier manera.

La imposibilidad de repercutir dichos incrementos en los contratos con las administraciones (tanto en los contratos de servicios como concesionales) rompió el equilibrio económico de una gran cantidad de contratos de servicios deportivos, lo cuales han visto incrementados sus costes salariales en casi el 16% desde 2019. La imposibilidad de revisar precios o incluso solicitar la resolución anticipada de los contratos en el caso de los contratos de servicios, ha obligado a las empresas a absorber dichos incrementos en uno de los peores momentos. Estas circunstancias, sumadas a la crisis del COVID y sus graves efectos sobre la situación económica, así como un entorno de recuperación incierto, hace que muchas empresas se encuentren al límite de su supervivencia.

Como miembros de CEOE, a través de las Comisiones de Diálogo Social y Empleo y de Servicios Especializados Intensivo en Personas, AEESDAP ha manifestado la necesidad de que dichos incrementos vayan acompañados de medidas que permitan su repercusión en los precios de los contratos, o al menos de medidas que amortigüen el daño causado a las empresas.

En esta línea AEESDAP propone la modificación de la Ley 2/2015 de 30 de marzo, de desindexación de la economía española y la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de modo que se permitan las revisiones de precios en aquellos contratos donde su equilibrio económico haya sido afectado por los incrementos en los costes salariales producidos por la aprobación de subidas en el SMI.

Alternativamente y en el caso en el que esto no fuera posible, también hemos planteado medidas alternativas que minimicen el daño causado a las empresas en dichos contratos.

Claves de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Ley de Contratos del Sector Público

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, desde su entrada en vigor el 9 de marzo de 2018, introdujo importantes avances en la contratación con las Administraciones y en el ámbito de las licitaciones, algo que desde AEESDAP venimos trabajando y velando para que los que procedimientos de licitación se ajusten a lo establecido en la normativa. Para ello, denunciamos y actuamos en contra de las malas prácticas. 

La LCSP facilita a las pymes su acceso a las licitaciones a través de la transparencia e introduce más aspectos cualitativos que los exclusivamente basados en el precio. De esta manera, se simplifica la burocracia y se mejora la eficacia y eficiencia de las licitaciones. 

Incluye medidas y exigencias para los contratistas en materia laboral y fiscal y establece una regulación del uso de los contratos menores. 

En este sentido, las empresas que contratan con la Administración Pública deben tener como referencia el marco legal de la LCSP. 

Aspectos importantes de la Ley de Contratos del Sector Público

Objetivos de la LCSP: garantizar una mayor transparencia en la contratación pública; lograr una mejor relación calidad-precios en sustitución de “la oferta económicamente más ventajosa”; hacer de la contratación pública un instrumento de eficacia para la ejecución de políticas nacionales y comunitarias en aspectos sociales, medioambientales, de innovación y desarrollo y de promoción de las pymes, aspecto al que prestamos una especial atención en AEESDAP;  

Transparencia: apostar por una comunicación fluida entre licitadores o contratistas y dotar de una mayor transparencia a los procedimientos de licitación a través de la figura del perfil de contratante y la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Ventajas para las pymes: la ley favorece el acceso de las pymes a las licitaciones en contratos del sector público. Se fomenta, además, la división del contrato en lotes si la naturaleza u objeto lo permiten. Se establecen normas en beneficio de las empresas subcontratadas (en su mayoría, pymes): pago directo por parte de la Administración. 

Calidad-precio: en los criterios de adjudicación de los contratos públicos rige el principio de mejor relación calidad-precios. Este principio reemplazaba al anterior de “la oferta económica más ventajosa”. De esta manera, la LCSP premia el carácter cualitativo de las ofertas. 

Recurso Especial: la ley incluye la interposición del Recurso Especial para aquellas empresas que estés interesadas en presentarlo cuando se produzcan irregularidades en los procedimientos de licitación. También se pueden presentar en actos posteriores a la adjudicación del contrato como es el caso de las modificaciones. Este recurso especial es válido para contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a 3 millones de euros, y de suministros y servicios con un valor estimado superior a 100.000 euros. 

Sobrecostes: si se producen modificaciones respecto al precio de contrato, la ley establece límites: hasta un 20% del precio inicial para aquellos cambios previstos en los pliegos y un 50% del precio inicial cuando nos encontremos ante modificaciones excepcionales no previstas y que puedan alterar la natural del contrato. 

Contratos: con objeto de dotar de mayor transparencia y eficacia a la contratación, la LCSP regula la aplicación de los contratos menores de manera que solo se podrá usar este tipo de contratos para contratos de obras con un límite de 40.000 euros, y 15.000 euros para los contratos de suministros y servicios. Asimismo, el órgano de contratación debe emitir un informe justificando la necesidad del contrato así como la posibilidad, de haberla, de que el contratista pueda suscribirlo. 

Criterios sociales de adjudicación: se le exige a los adjudicatarios el cumplimiento de criterios sociales (distintivos de igualdad de género) y se utiliza, además estos criterios cuando haya que desempatar en el caso de 2 ó más ofertas. El orden de preferencia será el siguiente (art. 147.2): 

  1. a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
  2. b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
  3. c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

Procedimiento abierto simplificado: con el fin de reducir la burocracia, la LCSP presenta el “procedimiento abierto simplificado” con el fin de aligerar las cargas en la Administración Públicas y acortar los plazos así como dando prioridad a los principios de publicidad y transparencia. Según el art. 159 de la LCSP, este procedimiento se aplica en los siguientes casos: contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros y contratos de suministros y servicios cuyo valor esté estimado o sea igual o inferior a 100.000 euros. 

En la AEESDAP trabajamos junto a otras asociaciones y empresas de otros sectores para tomar partido de aspectos tan relevantes como las posibles reformas de la LCSP. 

El deporte no se subasta

Deporte no subasta licitacion

Una de las novedades que vino aparejada con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) fue la configuración de una nueva categorización de los contratos en función de su objeto. De este modo surgen los denominados “servicios especiales” del Anexo IV, contratos que conllevan prestaciones directas a los ciudadanos (contratos a las personas). Esta especialidad deriva del Derecho de la Unión Europea. La Directiva 2014/24/UE de contratación pública, prevé que exista un régimen especial de servicios dirigidos a los ciudadanos y habilita un tratamiento especial.

El Anexo IV de la LCSP es un documento que incluye una relación de actividades ordenadas en base a códigos CPV. El concepto CPV (del inglés, Common Procurement Vocabulary, Vocabulario Común de Contratación Pública) es un término que sirve para identificar y clasificar las diferentes actividades económicas susceptibles “de ser contratadas mediante licitación o concurso público en la Unión Europea”.

Códigos CPV para servicios deportivos

Los servicios relacionados con los deportes se corresponden normalmente con los siguientes códigos CPV:

92600000-7 Servicios deportivos
92610000-0 Servicios de explotación de instalaciones deportivas
92620000-3 Servicios relacionados con los deportes
92621000-0 Servicios de promoción de espectáculos deportivos
92622000-7 Servicios de organización de espectáculos deportivos

Si revisamos el listado de actividades que se incluyen dentro del Anexo IV, vemos cómo dentro del apartado de “Servicios administrativos, sociales, educativos, sanitarios y culturales” se incluyen los códigos de 92360000-2 al 9270000-8, es decir, todos los CPV relativos a actividades deportivas. No hay lugar a dudas, el deporte es un “servicio especial”.

Dicha consideración tiene importante consecuencias a la hora de licitar estos servicios. La LCSP establece un régimen jurídico especial a través de los artículos 22.1.c), 29.4 y 6, 131.2 y 4, 134.6, 135.5, 145.3, DA 36 y DA 47. Las principales, a modo de resumen son:

    1. El umbral que determina la necesidad de licitar estos servicios por regulación armonizada se eleva: 750.000€ de valor estimado para los contratos de prestación de servicios (art. 22.1.c LCSP)
    2. Los contratos de concesión que tengan por objeto estos servicios deben llevarse a cabo por procedimiento restringido (art. 131 LCSP). La convocatoria de la licitación se realizará mediante el anuncio de información previa (art. 135.5 y Disp. Adic. 36 LCSP)
    3. Se exige que los criterios de adjudicación para estos servicios estén relacionados con la calidad al menos en un 51% (art. 145.4)
    4. Se impone al órgano de contratación el deber de velar en todas las fases del contrato por la calidad, continuidad, accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad y exhaustividad de los servicios (Disp. Adic. 47 LCSP)

Por tanto, no son legales las licitaciones de servicios deportivos solo a precio (100% criterio precio), ni siquiera aquellos donde el precio supone un 50% de la puntuación.

Es más, no solo se deben tener en cuenta la ponderación del criterio precio, sino también todos aquellos criterios que sean cuantitativos. Es importante establecer que no estamos hablando de diferenciar entre criterios valorables en cifras o porcentajes (automáticos) y criterios valorables en base a un juicio de valor. Estamos hablando de criterios económicos (cuantitativos) y criterios cualitativos. Resulta por ello fundamental la definición y justificación de los criterios de valoración en los pliegos para determinar si estamos ante un criterio económico o de calidad.

Criterios de adjudicación cualitativos

Se consideran criterios de calidad aquellos relativos al valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad, el diseño, las características sociales y medioambientales, la organización, cualificación y experiencia del personal adscrito, el servicio de posventa y asistencia técnica, las mejoras (ojo, se debe justificar que son mejoras que repercuten en la calidad del servicio)…

En suma, los servicios deportivos son especiales según la LSCP. Por ello, AEESDAP vigila que las licitaciones se ajusten a norma y denuncia todas aquellas que no cumplen con estos preceptos. El deporte no se subasta y AEESDAP trabaja para que esto se cumpla.

Hablemos de gasto público, ¿por qué es importante controlarlo?

control gasto publico

Los incrementos de costes injustificados o adjudicaciones poco transparentes son algunos ejemplos que nos hablan de mala praxis y nos advierten de la necesidad de controlar el gasto público.

Reducir costes, aumentar la transparencia y facilitar la rendición de cuentas frente a los ciudadanos es uno de los pilares de las Administraciones Públicas. Así lo justifica Juan Barberán, responsable del Departamento de Compras de la Corporación Pública Empresarial de Navarra: “Todo gasto tiene una trazabilidad, toda factura debe responder a un gasto, toda contratación tiene que estar justificada y aprobada por los distintos departamentos. Cualquier gasto tiene que pasar por el mismo ciclo, en el que se tienen que cumplir todos los parámetros para ser contabilizado dentro del sistema”.

Bien es sabido que en España no se recauda lo suficiente y tampoco se hace bien, de ahí que se gaste sobradamente. Según Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha): “En España gastamos alrededor de 50.000 millones de euros menos de que lo que gastan, en promedio, nuestros socios comunitarios”.

Sobra decir que nos encontramos en un momento difícil muy delicado a nivel económico provocado por la ya resabida crisis del coronavirus. En el momento que cayó la actividad económica se tomaron medidas para reactivar el empleo y los sectores más perjudicados, entre ellos, el que nos afecta a nosotros: el sector deportivo, que ha estado a merced del Gobierno desde la irrupción del Covid-19. 

Esta situación nos condujo a un déficit del 14% del PIB según el Banco de España, la AIReF, la Comisión Europea o la OCDE y estiman, además, un desequilibro en las cuentas públicas de “entre 5% y 8% en 2021”, según José María Rotellar. Y continúa: “lo peligroso de todo ello es la tentación de incremento de gasto público que tienen todas las administraciones al estar suspendido el cumplimiento de los objetivos de estabilidad”. 

Es muy legítimo que hasta lleguemos a preguntarnos si hay vacunas (suficientes) el Covid-19 debido a los recortes provocados por una Administración que tarda en responder y que se encuentra excesivamente burocratizada.

Recomendaciones controlar el gasto público en contratos públicos

La contratación pública es la piedra angular de la gobernanza estratégica y de la prestación de servicios. El hecho en sí del alto gasto que ya representa, una contratación pública bien coordinada y gestionada debe suponer un papel fundamental en pro de una mejora del sector público amén de ser garante de confianza de los ciudadanos. Un ecosistema eficaz de contratación pública redunda de manera positiva en la consecución de objetivos como la protección animal, innovación o medio ambiente así como el fomento y desarrollo de la pyme.

Teniendo en cuenta nuestro horizonte sobre contratación pública la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) establece las siguientes medidas a fin de garantizar y cumplir las diferentes etapas del proceso de contratación pública:

  • Favorecer un trato equitativo y aplicar el preciso y adecuado grado de transparencia en las distintas fases del ciclo de la contratación pública a los proveedores brindando la información necesaria sin distorsionar que ello sea causa de distorsión para la competencia
  • Garantizar el libre acceso a la información a través de Internet a todas las partes interesadas que participen en el proceso de contratación pública
  • Fomentar la transparencia del flujo de fondos públicos durante las diferentes etapas del ciclo de contratación pública con objeto de conocer las prioridades y requisitos y ejecutar las oportunas estrategias
  • Reivindicar que los distintos actores que participen (empleados del sector público) se rijan mediante principios de integridad o bajo códigos de conducta ya establecidos
  • Poner a disposición de la ciudadanía instrumentos que garanticen la integridad. Como ejemplo, los altos riesgos como fruto de la relación entre la Administración pública y el sector privado.
  • Formar al personal de contratación pública (tanto de la Administración pública como del sector privado) a fin de evitar en malas praxis (corrupción, fraude, falta de información, discriminación…)
  • Realizar el seguimiento interno con el objetivo de hacer cumplir las etapas de la contratación pública. La corrupción, por supuesto, queda ajena a toda esta práctica. Prima la integridad y transparencia por encima de todo

Hoy, más que nunca, y en el contexto actual que nos encontremos resulta de obligado cumplimiento que los ayuntamientos tomen medias necesarias de gestión con el deseo de garantizar la máxima viabilidad y transparencia de los servicios en pro de los ciudadanos al tiempo que controlan los gastos.

«La contratación pública se configura como un instrumento de consecución de las políticas públicas», Marta Alba.

Contratación pública

Recientemente nos hemos reunido en la asociación con Marta Alba Pacheco, Licenciada en Derecho, especializada en Derecho Público, por la Universidad de Sevilla, cuyo expertise es la contratación pública.

Pregunta AEESDAP: ¿Cuál es tu perfil profesional?  Marta Alba Pacheco - contratacion publica

Respuesta Marta: Estudié Derecho en la Universidad de Sevilla. Tras realizar estudios de postgrado, empecé mi carrera profesional en Garrigues, en el Departamento de Derecho Administrativo, donde estuve cuatro años ejerciendo como abogada. 

Posteriormente, ocupé el puesto de responsable de la Subdirección de Contratación Pública en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, inicialmente bajo el paraguas de la Dirección de Servicios Jurídicos y, posteriormente, bajo la Secretaría General de la entidad.  

Tras más de siete años dedicada a la contratación pública en el sector público, en abril de 2018, cambié el rumbo de mi carrera profesional y me uní a una empresa multinacional farmacéutica donde ocupo el puesto de responsable del área de contratación en España y Portugal.  

P A: ¿Por qué es importante la contratación pública?  

R M: Se calcula que la contratación pública representa entre un 10% y un 20 % del producto interior bruto. Esto tiene una innegable incidencia en la gestión de los servicios públicos, repercutiendo en una correcta gestión de los contratos públicos no solo en el sostenimiento de las cuentas públicas sino también en el ofrecimiento de servicios públicos de mejor calidad.  

Como se señala en la Ley de Contratos del Sector Público, la contratación se configura como un instrumento para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y es por ello por lo que se introducen aspectos sociales, medioambientales y de innovación, convirtiendo la contratación pública en contratación estratégica y en un instrumento de consecución de las políticas públicas.  

P A: ¿Qué impacto ha tenido la irrupción del Covid-19 en la contratación pública?  

R M: Desde mi punto de vista, la paralización de los trámites administrativos no guardaba razón de ser en un entorno en el que la Administración electrónica debía de ser una realidad. Debía de haberse efectuado un análisis de los procedimientos y haber decidido la paralización en aquellos en los que se salvaguardase el derecho de los ciudadanos por no tener acceso a trámites electrónicos.  

Pero, en el ámbito de la contratación pública, con la obligación de tramitar electrónicamente los procedimientos desde hace ya un tiempo, dicha paralización ha puesto en jaque toda la gestión contractual del año 2020 dando al traste con la planificación que se había realizado no solo desde el ámbito del sector público sino igualmente desde el sector privado. Además, no cabe duda de que la ejecución de determinados contratos se ha visto afectada por la propia pandemia, suponiendo un reto su propia realización y debiendo adaptarse en costes, plazos, etc.  

P A: Uno de los problemas habituales de pymes y autónomos cuando quieren acceder a concursos públicos es que se topan con mucha burocracia unida a extensos pliegos de condiciones no muy claros. ¿Cómo se podría solventar esta situación?  

R M: La contratación pública debe profesionalizarse y dicha profesionalización debe darse en una doble dirección, tanto desde el punto de vista de los operadores públicos como desde el lado de los empresarios. El conocimiento de la contratación pública favorece a ambos partícipes de forma que se obtienen ofertas con mejor relación calidad precio y se satisfacen de una mejor manera las necesidades públicas a cubrir.  

Ello no obsta a que debamos simplificar, simplificar los documentos contractuales que, en algunas ocasiones, son auténticos rompecabezas, y que dificultan la presentación de ofertas y proposiciones que satisfagan la necesidad que el órgano público persigue.  

Creo que se pueden adoptar medidas de agilización y simplificación. Como ejemplo, pueden citarse algunas tales como (i) la aprobación de un pliego tipo de cláusulas administrativas particulares por procedimiento y tipo de contrato, que se mantenga publicado en el perfil de contratante, publicándose solo los anexos con las especificaciones de dicho contrato junto con el Pliego de Prescripciones Técnicas; (ii) la redefinición de los supuestos de baja temeraria e incluso la eliminación de la figura para determinados tipos contractuales poco complejos; (iii) la simplificación de la documentación a presentar, en el sentido de que, si en el sobre número 1 se ha de presentar únicamente una declaración responsable, por qué no introducir dicha declaración en el sobre número 2 y agilizar los trámites; etc.  

P A: Otro de los problemas que evitan que las pymes se adentren a licitar es que, en muchas ocasiones, las administraciones no pagan a tiempo, superando en muchas ocasiones el límite legal establecido de los 60 días para el pago de facturas. ¿De qué manera llegan a un acuerdo administración y empresa privada?  

R M: No olvidemos que el plazo de pago establecido en la Ley de Contratos es de 30 días desde la aprobación de los documentos que acrediten la efectiva realización del contrato.  Siendo conocedora de la problemática existente, la propia norma contempla herramientas para exigir el pago en plazo. Así, el artículo 199 señala el procedimiento para hacer efectiva la deuda y siempre se reconoce el derecho del contratista a percibir los intereses de demora. Incluso se prevé que en caso de impago se pueda solicitar dicho abono por vía de medidas cautelares en un eventual recurso contencioso administrativo.  

P A: Revisiones de precios en los contratos. Teniendo en cuenta que a la hora de hacer el presupuesto de un contrato, los órganos de contratación deben tener en cuenta los costes salariales del momento (SMI vigente, tablas del convenio vigente) así como las actualizaciones ciertas que existan a la hora de preparar la licitación (si el convenio incluye revisión de las tablas para años posteriores deben tenerse en cuenta), ¿Qué opinas de la posibilidad de poder repercutir los incrementos del SMI en los contrato intensivos en mano de obra? En los últimos años hemos vivido incrementos de SMI nunca vistos, no negociados (impuestos por el Gobierno) y que evidentemente nunca se han tenido en cuenta en los presupuestos.   

R M: Esta es una cuestión que ha sido debatida por extenso en foros profesionales. Así,  si bien es cierto que el Informe de la Junta Consultiva de Contratación del Estado del año 2019 ya se pronunciaba de manera negativa al reconocimiento de esta circunstancia como constitutiva de una causa de resarcimiento para el contratista afectado por el aumento del SMI en el contrato que gestiona, autores como José Manuel Martínez Fernández, se han pronunciado en sentido diferente para Administraciones Públicas distintas a la Administración General del Estado.  

Así, si bien no se plantea esta cuestión como posible causa de modificación del contrato, contempla la posibilidad de que el contratista renuncie al contrato sin indemnización en aquellos casos en los que el incremento de costes a soportar supere el 5% del valor de la cifra global de negocio.  

Es por tanto una cuestión que debe de analizarse caso a caso porque como bien señala el autor citado, es impracticable que se llegue a una situación de exigencia del cumplimiento del contrato a expensas de que el contratista incumpla los términos del mismo o se enfrente a una posible quiebra.  

P A: Cálculo del presupuesto del contrato – Inclusión del importe de subrogación. Cuando la LCSP habla de precio de mercado a la hora de establecer la manera de calcular el presupuesto de un contrato y en relación a los costes laborales, la ley y la doctrina de los tribunales ha establecido que deben tenerse en cuenta los costes según los convenios colectivos sectoriales de aplicación. Esto implica que en aquellos casos en los que hay subrogación de personal, el coste salarial de la subrogación no se tiene en cuenta…dando lugar a licitaciones donde el coste de la plantilla a subrogar es mayor que el presupuesto. Teniendo en cuenta que los propios pliegos pueden contener cláusulas/criterios de mejora salarial en las plantillas que provoquen un encarecimiento de los costes laborales, ¿Cómo puede ser que la subrogación no forme parte del presupuesto de licitación?  

R M: Es esta una cuestión que siempre suscitar debate y que es objeto de múltiples consultas a los órganos de contratación cuando publican licitaciones en las que la mano de obra es determinante y los gastos de subrogación tienen un especial impacto en el cálculo del importe de licitación.  

Pero la obligación que se establece en la Ley de Contratos del Sector Púbico es la de informar sobre la existencia de derecho de subrogación y sobre el coste de dicho derecho, una obligación que integra la de asegurarse de que dichos costes son ciertos y que efectivamente el personal incluido en el listado de subrogación es el que está asociado a la ejecución del contrato, debiendo requerir a la empresa saliente la acreditación de dicha circunstancia.  

No obstante, los Tribunales de Recursos Contractuales se han pronunciado sobre la inclusión de los costes de subrogación en el presupuesto de licitación (Resolución 179/2018 del Tribual Administrativo Central de Recursos Contractuales) y han manifestado que la inclusión de los costes de subrogación en el presupuesto de licitación determinaría dejar al arbitrio de la empresa saliente la fijación de los costes salariales repercutibles en futuros contratos y que no puede incluirse la totalidad de los costes de los trabajadores a subrogar.

P A: Seguimiento de los contratos es una herramienta fundamental: ahuyenta licitadores temerarios y aporta seguridad a las empresas salientes. Cuáles son los principales problemas que tienen los Aytos a la hora de realizarlo.  

R M: El seguimiento de los contratos en la fase de ejecución es un factor determinante para la efectiva consecución de las necesidades públicas cuya satisfacción se persigue. No tiene sentido alguno elaborar un Pliego de Prescripciones Técnicas perfecto, realizar un procedimiento de licitación modelo si, al final, en la fase de ejecución, no se va a cumplir lo contratado, poniendo en jaque todo el trabajo realizado.  

Efectivamente, se evita la participación de licitadores temerarios los cuales se verán desincentivados a la hora de presentar ofertas que no cumplen exactamente con los términos exigidos, a precios que no guardan relación con el mercado, etc.  

La Administración tiene que garantizar, mediante la vigilancia del efectivo cumplimiento del contrato, que el operador económico que ha sido contratado cumple con lo que ha ofertado en la fase de adjudicación porque por ello fue seleccionado sobre otros ofertantes. Es una garantía de cumplimiento de los principios rectores de la contratación pública que no deben dejarse de lado una vez adjudicado el contrato.  

La licitación de obra deportiva en España en caída

Licitacion de obra deportiva publica

En el año 2009 la licitación deportiva cayó en picado de casi 1.600 millones de euros a 1.3000 millones en los dos años posteriores. Más tarde, en el periodo entre 2012 y 2016, la cifra siguió bajando (no superó los 255 millones de euros). Hace dos años, en el 2018, pudimos encontrar un repunte hasta los 655 millones de euros para volver a bajar en el 2019 y situarse por debajo de los 600 millones.

Y, ¿cuál es la situación en el año 2020? 

El panorama actual no es muy halagüeño ya que la irrupción del coronavirus y la crisis sanitarias han frenado la licitación de obras públicas en España. 

Durante los primeros 4 meses del año, la Administración Pública sacó a concursos diferentes proyectos de obra y remodelación de instalaciones deportivas por valor de 98,2 millones de euros. Mientras que enero comenzó con 52,5 millones, el mes de abril finalizó con 2,9 millones de euros en licitación de proyectos. Según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN), estas cifras han sido las peores de toda la historia.

Conforme han pasado los meses, la situación no ha mejorado. Desde enero a septiembre, se licitaron proyectos por valor de 265 millones de euros (en torno a un 35,4% menos que en el año 2019). Hay que diferenciar que un 52,8% de licitaciones era destinado para obra de nueva edificación y un 47,2% para reestructuración y mantenimiento. Igualmente, los datos nefastos son para ambos. La obra nueva ha sufrido una caída interanual del 30,9% y la reestructuración de casi un 40%.

El único periodo en que la licitación de obra pública ha visto algo de luz fue durante los meses de verano (julio y agosto) con subidas del 143% y del 76,6% respectivamente, motivadas por la relajación de las medidas contra el corona virus que permitieron un ligero despegue de la economía española. A punto de finalizar el año 2020, la situación en octubre ha seguido presentando números bajos hasta caer un 17,9% en comparación con el año anterior, acumulado al descenso que ya venía de meses anteriores.  En octubre, se licitaron obras de construcción deportiva y reestructuración por valor de 34 millones de euros, muy por debajo de los 41,4 millones de euros del mismo periodo durante el año 2019.

Licitación de centros deportivos por comunidades en cifras

No cabe duda que la licitación de centros deportivos ha obtenido durante todo este 2020 cifras abrumados que apenas alcanzan a las originadas en el año 2008. Por comunidades, las cifras también se han visto alteradas ya que Cataluña era la comunidad que sacaba a concurso más proyectos de licitación de obra deportiva.

Sin embargo, durante los 3 primeros meses, Madrid adelantó a Cataluña según Seopan: la Comunidad de Madrid sacó a concurso proyectos de obra y remodelación de instalaciones deportivas por valor de los 15,6 millones de euros mientras que Cataluña solo representaba un 14,5%. En tercer lugar, se situaba la comunidad de Andalucía que no ha sido capaz de llegar a los 10 millones (10,4% del total). También ha alterado la hegemonía de Cataluña, que durante años ha sido la región en la que se sacaban a concurso más proyectos de inversión pública en infraestructuras. Sin embargo, en el primer trimestre fue la Comunidad de Madrid la que subió a lo más alto del podio, según los datos proporcionados por la patronal de la construcción Seopan. 

Comunidad Valenciana y País Vasco se sitúan por debajo de estas 3 comunidades que representan el 59,5% de la licitación de obra deportiva en todo el año 2020. 

Los datos de noviembre y diciembre están por ver y todavía quedar por ver cómo sigue afectando la pandemia a las licitaciones de obras deportivas. Entre edificación y obra civil, las licitaciones durante los diez primeros meses del 2020 han caído hasta los 10.473 millones de euros.